Organizaciones ecologistas prevén un “grave retroceso” ambiental ante la reformas de la Ley de Montes y la nueva LEGAM

Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han mostrado su “profunda preocupación” por el contenido de dos normas clave de inmediata aplicación: el proyecto de Ley de Montes y la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM). Las tres organizaciones adviertieron el pasado día 10 en un comunicado que, tal y como están redactadas, suponen un retroceso en la protección del medio ambiente y denuncian además que ambas se estén tramitando por procedimiento de urgencia, una vía que, sostienen, “impide el debate necesario” para textos con “gran impacto territorial, ecológico y social”.

En el caso de la Ley de Montes, las entidades ecologistas señalan que el proyecto abre la puerta a descatalogaciones, ocupaciones prolongadas y cambios de uso del suelo, lo que en su opinión “reduce la protección histórica del patrimonio forestal público” y puede facilitar “procesos de privatización funcional” o usos incompatibles con las funciones ecológicas del monte. También critican que el texto no incorpore “con ambición” avances que consideran esenciales en un escenario de mayor riesgo climático, como la prevención estructural de incendios, la restauración ecológica, la protección de bosques maduros o la conectividad ecológica.

Respecto a la LEGAM, las organizaciones alertan de una rebaja del alcance y del rigor del sistema de control y prevención ambiental. Ponen el foco en la denominada Autorización Ambiental Simplificada (AAS) y en la ampliación de procedimientos abreviados, que, a su juicio, implican menos evaluaciones completas y pueden “abrir la puerta” a la externalización de funciones esenciales de control e inspección ambiental.

Este giro normativo, añaden, podría comprometer la capacidad de la Administración para garantizar niveles adecuados de protección en ámbitos sensibles como el agua, la biodiversidad o la evaluación de impacto, además de alejarse de los principios de precaución, prevención y no deterioro que exigen los marcos estatal y europeo. En ese punto, subrayan una carencia concreta: la falta de una integración real entre política ambiental y gestión del agua en la nueva LEGAM, algo que consideran especialmente grave en una comunidad sometida a sequías estructurales y con “la mayoría de sus masas de agua en estado deficiente o malo”.

Las tres entidades recuerdan además que muchos montes públicos andaluces son de titularidad municipal y advierten de que, sin apoyo técnico y financiero suficiente —que, según indican, no queda garantizado en el texto— será difícil asegurar una gestión forestal efectiva a escala local.

Así, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife dibujan un escenario de desregulación y regresión del control ambiental, agravado por la tramitación acelerada de dos leyes “complejas y de largo alcance”. Pese a ello, reiteran su disposición a colaborar con el Parlamento y con el Gobierno andaluz para mejorar los textos y piden que cualquier actualización normativa se oriente a incrementar las garantías ambientales, “nunca a reducirlas”, en una comunidad que afronta incendios más severos, pérdida de biodiversidad, presión urbanística y los impactos crecientes del cambio climático.

La Junta defiende que la reforma “simplifica sin rebajar garantías”

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha defendido que la reforma de la Ley de Montes y la nueva Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) forman parte de una “renovación normativa” para adaptar la protección ambiental a los retos actuales. En un desayuno informativo de Europa Press celebrado el pasado martes, sostuvo que “no se puede proteger el medio ambiente del siglo XXI con las herramientas del siglo XX” y que estas normas buscan “desenmarañar y simplificar la gestión ambiental” con “reglas claras” que aporten seguridad jurídica y estabilidad.

Sobre la Ley de Montes, aprobada la pasada semana, aseguró que actualiza un marco “obsoleto” tras más de tres décadas y que concibe los montes como “patrimonio colectivo”, reforzando la gestión forestal sostenible para conservación, mitigación climática y desarrollo rural. Destacó medidas ligadas a bioeconomía, certificación forestal, investigación y nuevas tecnologías, además de una simplificación administrativa “sin menoscabo” de las garantías ambientales.

En cuanto a la LEGAM, también aprobada recientemente y llamada a sustituir a la GICA de 2007, afirmó que pretende “agilizar, simplificar y modernizar” la administración ambiental manteniendo “las máximas garantías” para personas y entorno.