¿Sanciones contra armas blancas?

El apuñalamiento mortal ocurrido en Málaga ha vuelto a poner sobre la mesa un asunto que nuestras autoridades parecen empeñadas en tratar con paños calientes: las armas blancas en manos de quienes no tienen otro propósito que usarlas. El presidente andaluz pide a Interior una campaña de sanciones contra quienes porten cuchillos en la calle. Suena bien en el titular, pero seamos serios: ¿qué delincuente se ha echado atrás por miedo a una multa? Esto no es dejar el coche mal aparcado, es llevar un instrumento de matar. Y cuando alguien mete en el bolsillo una navaja, no es para pelar fruta.

Aquí se pretende maquillar un problema grave con un gesto cosmético. Multar a quien lleve un cuchillo es como poner una tirita en una hemorragia. Lo que hace falta es aplicar mano dura, que quien sea sorprendido con un arma ingrese en prisión. Punto. Porque nadie va armado “por si acaso”, sino porque prevé usarlo o intimidar con él. La tibieza institucional es tan peligrosa como la propia hoja de acero. Pero hay otro silencio aún más inquietante: ¿quién agrede y quién muere? Cuando se trata de violencia machista, se detallan edades, nombres, circunstancias y nacionalidades. ¿Por qué no ocurre lo mismo con los apuñalamientos en nuestras calles? ¿Acaso se teme que conocer la procedencia de los agresores alimente un debate incómodo sobre inmigración y seguridad? La sociedad tiene derecho a saber si esta violencia está asociada a determinados colectivos, sean de sudamérica, de África o de donde provengan. No se trata de señalar por señalar, sino de conocer la realidad sin filtros ni correcciones políticas que solo sirven para ocultar el problema.

La calle percibe que hay un manto de silencio interesado, y mientras tanto los apuñalamientos se acumulan en los titulares como si fueran sucesos inevitables. Y no lo son. En España ya existe legislación suficiente para penar la tenencia de armas prohibidas, pero el problema no es la ley, sino la falta de voluntad de aplicarla con rigor. Se permiten situaciones de riesgo hasta que alguien cae muerto y entonces llegan las declaraciones solemnes. El ciudadano no necesita más campañas institucionales, sino seguridad real. Saber que quien sale con un cuchillo de casa terminará entre rejas. Y saber también quién es, de dónde viene y qué hace aquí. Porque lo contrario es dejar que las calles se conviertan en un campo abierto para la violencia gratuita, mientras los responsables políticos se entretienen con medidas de escaparate.