El Rey y la investidura

Justo el mismo día en que el Rey formalizaba el encargo a Pedro Sánchez para la formación de Gobierno se cumplían seis años del trascendental discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017, que articuló la respuesta del Estado al golpe separatista que los máximos responsables de la Generalitat estaban perpetrando. Paradojas de la historia: el Monarca pone en marcha un proceso de investidura en el que el candidato cederá a las exigencias que le presente el cabecilla de aquella rebelión, que huyó de la Justicia oculto en el maletero de un coche. Consecuencia de la aritmética parlamentaria, que hace imprescindible el acuerdo de Carles Puigdemont para que se pueda desbloquear el enrevesado panorama parlamentario que dejó el 23 de julio, pero sobre todo consecuencia del bloqueo político y de la división en bloques irreconciliables que hace que los dos partidos mayoritarios no tengan posibilidad de entendimiento. En medio de este panorama desolador, la figura del Rey emerge como una garantía de estabilidad constitucional. Felipe VI cumplió irreprochablemente sus funciones en 2017 cuando frenó un intento de golpe de Estado y lo volvió a hacer ayer al proponer la investidura de Pedro Sánchez. Es evidente que el proceso que ha emprendido el candidato desvirtúa y, hasta cierto punto, deslegitima el mensaje del 3 de octubre. Pero también lo es que las funciones del Rey están fijadas en la Constitución y que a ese marco se circunscriben sus actuaciones. No tenían por tanto ningún sentido las especulaciones sobre la posibilidad de que la Corona intentara condicionar el proceso de negociación con los independentistas catalanes. El Gobierno que salga de ese acuerdo será plenamente legítimo como lo son los escaños conseguidos por las fuerzas políticas que lo sustentarán. Lo que cabe esperar es que las actuaciones de ese previsible Gobierno se atengan estrictamente a la Constitución. Tras la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez esta exigencia deja de ser una obviedad y adquiere pleno sentido.