Una propuesta condicionada por Cataluña

La propuesta de financiación autonómica que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado arrastra un importante déficit, y es que no se ha negociado con la mayor parte de las comunidades autónomas, que son las que están gobernadas por el PP. Bien es cierto que los populares tampoco han sido capaces de consensuar una propuesta y que cada uno de sus gobiernos se han aferrado a planteamientos maximalistas. Por ello, el nuevo modelo necesitará para su aprobación del acuerdo de los dos partidos independentistas catalanes, ERC y Junts, y eso ha condicionado el diseño de un sistema en el que Cataluña conseguiría, aunque no está escrito en la ley, una posición de ingresos similar a la de la contribución de sus aportaciones. Es el llamado principio de ordinalidad, que es en sí un elemento que atenta contra la redistribución de los recursos entre los territorios. Lo que sí hace el nuevo modelo es aportar más recursos de las comunidades y del Gobierno central a una bolsa común para financiar los servicios públicos y, a la vez, recortar las diferencias de ingresos por habitante entre los territorios. Por eso, Andalucía recibirá 4.850 millones de euros más y verá cómo su diferencia respecto a la comunidad más beneficiada, que ahora es Cantabria, se recorta. No obstante, hay que hacer dos matizaciones importantes. Como ocurrió con el otro modelo, el de 2009, hay que comprobar cuál es su evolución, por lo que debería existir un mecanismo de corrección para limitar las diferencias. De otro, estamos hablando de una propuesta que aún no es proyecto de ley, que ahora irá al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que, en último término, se aprobaría en el Congreso no antes del mes de junio. El actual modelo lleva caducado 12 años y es muy gravoso para Andalucía, por lo que se hace necesario discutir sobre propuestas concretas.