El río Chíllar, reconocido por su belleza natural y ser un refugio para la serenidad y el contacto íntimo con la naturaleza, es uno de los enclaves más visitados de la provincia. Tras el cierre de acceso en agosto pasado debido a la masificación y los riesgos de incendios asociados, se buscaba abordar la creciente afluencia de visitantes y los desafíos de seguridad. Sin embargo, la intervención de la Junta de Andalucía, al iniciar gestiones con la empresa Hermanos Campano de Ardales para controlar el acceso, imponer un límite de 500 personas diarias y establecer tarifas entre 6 y 12 euros por entrada, ha desatado las críticas entre los habitantes locales de Frigiliana y Nerja.

Dos camareros de un bar local en Frigiliana expresan su descontento ante la idea de cobrar entre 6 y 12 euros por acceder al río. Argumentan que limitar el acceso con fines lucrativos para una empresa privada contradice la libertad que antes caracterizaba el disfrute del lugar, temiendo que se convierta en un enclave exclusivo para turistas. "No se nos ha tenido en cuenta en ningún momento a los que vivimos alrededor del río, solo les interesa el dinero", comentan.

Francisco Torres, residente de Nerja, reconoce los desafíos asociados con la basura y el riesgo de incendios en el área del río. Aunque respalda la necesidad de controlar el acceso a este entorno natural, critica la gestión llevada a cabo por una empresa privada, cuestionando su prioridad por obtener beneficios económicos en lugar de priorizar la preservación del entorno. Torres expresa que, en última instancia, "todo se reduce a un negocio", manifestando su descontento con el Ayuntamiento por no asumir la responsabilidad del acceso y la limpieza del río.

Rocío Villalba, propietaria de una tienda de souvenirs en Frigiliana, muestra su decepción con la situación actual. Manifiesta que la privatización del acceso al río es una medida perjudicial, ya que percibe que estas decisiones suelen traer "más problemas que soluciones". Su preocupación radica en que la reserva anticipada, necesaria debido al flujo masivo de turistas, podría excluir a los residentes locales, privándoles del acceso al río que forma parte integral de su entorno. Villalba apunta al problema de la gestión privada, lamentando que, a su parecer, no beneficie a los habitantes locales y genere restricciones que limitan su disfrute del lugar que consideran propio.

Pedro Bonilla, un veterano residente de Nerja, se opone a la intervención de una empresa en el control del acceso al río, sugiriendo que esta responsabilidad debería ser asumida por el Ayuntamiento. Argumenta que la gestión gubernamental garantizaría un enfoque más equitativo y orientado al bienestar de la comunidad. 

Coincidiendo con Bonilla, Celia Fuentes, una vecina preocupada por la tendencia hacia la privatización, defiende fervientemente un enfoque ecológico en la gestión del acceso y la limpieza del río, insistiendo en la responsabilidad del Ayuntamiento en esta tarea. Expresa su desacuerdo con la transformación de un sendero natural en una atracción turística de pago, subrayando la importancia de mantenerlo disponible para toda la comunidad. Con un tono crítico, señala la paradoja existente en la situación actual: "Es sumamente contradictorio. Se evita la masificación, pero al mismo tiempo se fomenta la llegada de turistas, autobuses y coches. No sé qué es peor en este caso".

Asimismo, Manolo Sánchez, un hombre que ha disfrutado con frecuencia del río Chillar, se suma a los demás vecinos en su descontento ante la idea de implementar un sistema de cobro para acceder al lugar. Considera que esta medida no resulta adecuada, "ya que existe la posibilidad de controlar el acceso de maneras alternativas". Sánchez señala que conoce múltiples accesos al río que no son tan conocidos por visitantes foráneos y que podrían utilizarse para regular el flujo de personas.

Rafael, un trabajador del chiringuito La Barca de Burriana, es el único que respalda el cobro por acceso al río. Señala que hay personas irrespetuosas, a las que él se refiere como "niñatos", que ensucian el entorno arrojando comida, colillas y zapatos a los cables de electricidad. Apoya la idea de establecer un cargo por acceso como medida para mejorar la seguridad en el área, sugiriendo que aquellos que dañan el río deberían ser sancionados con una tarifa de 50 euros en lugar de los 12 actuales. Reconoce que las personas que visitan el río para disfrutar del entorno natural y cuidarlo no deberían de pagar nada por el acceso, pero también admite que "pagan justos por pecadores".