El administrador del concurso de acreedores necesario declarado el pasado año en el parque de atracciones Tívoli World, localizado en Benalmádena, el abogado Juan Antonio Sánchez, ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga el “cese de la actividad” del espacio lúdico, una medida que supondrá previsiblemente “la extinción colectiva” de los puestos de trabajo.

El letrado adoptó esta decisión el pasado 19 de octubre como consecuencia de que el Tribunal Supremo “ha decidido inadmitir a trámite el recurso de casación” interpuesto por la antigua empresa propietaria del parque, la Compañía Internacional de Parques y Atracciones SA (CIPASA) -vinculada al empresario cordobés Rafael Gómez-, y que “devino a firme la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de Torremolinos” que obliga a ésta a “entregar la posesión al grupo inmobiliario Tremón”.

Sánchez ha destacado que está “obligado” a tomar esta medida, ya que “CIPASA no puede reanudar la actividad del parque”, lo que implica “la apertura de la fase de liquidación concursal” de la compañía y “la resolución de los contratos laborales de la plantilla”. En este punto, ha aclarado que pese a que el contrato de compraventa firmado por Tremón y CIPASA hace 14 años preveía la “obligación” de subrogar a los trabajadores por parte del grupo inmobiliario, indicó que el documento “obliga a asumir la plantilla, pero sin deuda y “no son las condiciones inicialmente pactadas”.

Por otro lado, el letrado ha solicitado a la jueza del concurso que “antes de acordar cualquier extinción colectiva de la plantilla”, se requiera a Tremón “si asume la subrogación o no y según lo que decida el adquiriente, así procederá a una cosa u otra”. En este sentido, ha estimado que este aspecto “no entra dentro de los planes” del grupo inmobiliario, ya que “se le pueda derivar toda la deuda de la Agencia tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social”.