Alrededor de cuatro horas tardó la ex edil del GIL Carmen Revilla en reunir en junio de 2006 los 30.000 euros de fianza fijados por el entonces juez del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, para eludir la prisión. El Grupo III de Blanqueo de la Udyco Costa del Sol ha investigado, por orden del actual instructor de la causa, Óscar Pérez, el origen de ese dinero, por lo que ha tomado declaración policial a los familiares y amigos que prestaron a la procesada alguna cuantía económica, entre los que se encuentra el concejal del PP en el Ayuntamiento de Marbella Antonio Espada.

Revilla fue detenida el 27 de junio de 2006 en la segunda fase del caso Malaya. Un día después prestó declaración ante Torres, que decidió fijar una fianza de 30.000 euros para la ex edil, una decisión judicial muy alejada de la dictada contra la mayoría de los ex concejales imputados en la causa, para los que el magistrado dictó prisión incondicional. El informe policial, al que he tenido acceso este diario, refleja que el importe de la fianza fue reunido por el marido de la procesada, Juan Manuel Gómez, a quien familiares y amigos prestaron diversas cantidades de dinero.

La aportación de Antonio Espada, delegado de Limpieza y Medio Ambiente en el equipo de Ángeles Muñoz, fue de 2.500 euros, según la declaración policial prestada el pasado febrero por Gómez, que explicó que conocía al empresario -que entonces no formaba parte del equipo de gobierno del PP en el Consistorio- desde hacía más de dos décadas. El esposo de Revilla explicó que tras llamar por teléfono a Espada para explicarle la situación y pedirle dinero, éste le entregó los 2.500 euros en un sobre. La declaración de Gómez fue confirmada unos días después por el propio concejal popular ante la Udyco, en una comparecencia en la que señaló que el importe de su préstamo se correspondía con el dinero en efectivo que tenía en su domicilio "para hacer frente a cualquier urgencia". Espada descartó ayer hacer ningún tipo de manifestación a este diario sobre esta cuestión, al considerar que se trata de un asunto personal.

La Policía ha tomado declaración en la Comisaría Provincial de Málaga a la mayor parte de las personas que integraban la lista elaborada por Gómez sobre las cantidades recibidas para reunir los 30.000 euros con los que hacer frente a la fianza impuesta a su mujer en el caso Malaya, proceso en el que el Ayuntamiento de Marbella se encuentra personado como acusación particular. Las cuantías de las aportaciones van desde los 1.5000 a los 7.000 euros.

No es la primera vez que Espada pone en una difícil situación al Ayuntamiento que dirige Ángeles Muñoz. El pasado septiembre el PSOE socilitó la dimisión del edil popular después de que el Consistorio adjudicara a la empresa Construcciones La Juanita, de la que es propietario de la mitad de las acciones, dos servicios para el suministro de material de construcción y fundición por importe de más de 230.000 euros. Los socialistas presentaron un recurso contra las dos concesiones, admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Málaga.

Por el caso Malaya han sido procesados una veintena de ex concejales del Ayuntamiento de Marbella, entre los que se encuentra Carmen Revilla y a los que el juez atribuye los delitos continuados de cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación y fraude, según los casos. En su comparecencia ante el juez un día después de su detención, Revilla aseguró haber recibido 240.000 euros del ex asesor urbanístico y principal imputado en el caso, Juan Antonio Roca, así como que se percibían sobres con dinero "por lo satisfechos que estaban los promotores" inmobiliarios.

Por el contrario, en su declaración indagatoria de febrero de 2008, la ex edil negó esos cobros y apuntó que lo dijo porque "veía que no salía, por su situación de detenida y por las condiciones de detención". Revilla aseguró que "nunca" recibió dinero "a cambio de hacer las cosas mal" e indicó que Roca le prestó 90.000 euros "a título personal" pero "no para que hiciera nada favorable ni desfavorable para los intereses del municipio".