El PP denuncia que los jóvenes del interior de la provincia tendrán que examinarse del carnet de conducir en Málaga

El secretario general del PP en Málaga, José Ramón Carmona, ha comparecido junto al alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, para denunciar que los jóvenes de la provincia se podrían ver obligados a desplazarse a Málaga para examinarse del carnet de conducir si la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene sus planes actuales.

Carmona ha denunciado lo que considera un "chantaje" del Gobierno central hacia las entidades locales al intentar que se hagan cargo del coste que supone la creación de las instalaciones para realizar los exámenes y su mantenimiento sin recibir ningún tipo de contraprestación por ello. Y es que, según han sostenido los populares, las tasas de los exámenes seguirían siendo cobradas por la DGT.

En este sentido, Barón ha explicado que el convenio que propone la DGT “conlleva todas las obligaciones para los municipios y ninguna para el Ministerio del Interior” y ha asegurado que la inversión para la creación y dotación de estas salas supera los 125.000 euros, a lo que se añaden gastos de mantenimiento y la contratación del personal informático y de seguridad.

“Tráfico pretende que los ayuntamientos pongan no una sala a disposición, como ya venimos haciendo, sino un local de uso permanente, facilitando además el contacto de personal técnico para la resolución de problemas informáticos, personal de seguridad permanente, auriculares, fibra óptica, ADSL, conexión a la red SARA, un mínimo de 100 megas, aula climatizada, mesa para el gestor de pruebas y para los aspirantes, red mediante cableado, 15 puestos informatizados o pantallas táctiles”, ha enumerado, y ha incidido en que “ellos cobran las tasas de exámenes y nosotros los financiamos”.

Barón ha subrayado que se trata de una “competencia impropia” de las entidades locales. “El Ministerio del Interior nos pide que asumamos obligaciones que no nos corresponden legalmente, depositando sobre los ayuntamientos la carga económica y técnica que conlleva la adecuación del espacio, la adquisición, instalación y mantenimiento de equipos informáticos de elevado coste".

Por su parte, la alcaldesa rondeña ha llegado a poner en duda que los Consistorios puedan justificar legalmente hacer frente a un gasto en sus presupuestos que corresponde a unas competencias que no son suyas. "Estamos ante el Gobierno más antimunicipalista de la historia” y ha cuestionado “cómo se articula legalmente este gasto sin ser competencia local y con la dificultad añadida para los ayuntamientos, además, de usar el superávit”.

Fernández ha calificado esta medida como un nuevo ataque del Gobierno central hacia los municipios del interior que están tratando de luchar contra la despoblación. "Esta medida del Gobierno de España, además de injusta, alienta la despoblación de los municipios del interior". Y es que la regidora conllevaría la pérdida de un nuevo servicio público y el poner más dificultades a los vecinos por el simple hecho de no vivir en grandes poblaciones.

“Una cosa es colaborar y otra que se nos exija una inversión de más de 125.000 euros a cada ayuntamiento”, ha manifestado, y ha preguntado “¿por qué tenemos que sufragar las competencias propias del Ministerio?”, señalando que las entidades locales son la administración más infrafinanciada. Todo ello tras recordar que desde el Consistorio rondeño ya se procedió a ceder un local para la realización de estos exámenes.

“Lo que está claro es que esto es una medida absolutamente desproporcionada que perjudica a los vecinos; un impuesto revolucionario a los ayuntamientos para que el Ministerio invierta aún menos en nuestras ciudades”, ha alertado.

Por último, tanto Barón como Fernández han reprochado al Ministerio del Interior que mantenga bloqueadas las obras tanto del cuartel de la Guardia Civil de Antequera como de l a comisaría de Policía Nacional de Ronda. “El Gobierno no ejecuta las inversiones necesarias en los municipios ni en la provincia de Málaga, pero sí exige a los ayuntamientos y a los vecinos que asuman inversiones que son de su competencia”, ha concluido.

El Gobierno les acusa de querer confrontar

La subdelegación del Gobierno en Málaga ha emitido un comunicado en el que acusa a los alcaldes populares de querer confrontar en lugar de buscar soluciones. "Únicamente se pide a los ayuntamientos que habiliten una sala informatizada para poder llevar a cabo los nuevos exámenes que incluyen pruebas con vídeos y que los vecinos de estas localidades no tengan que desplazarse a Málaga a realizarlos", han señalado.

Además, han sugerido a los regidores que pidan ayuda a la Diputación de Málaga para afrontar la inversión de 125.000 que le exige la DGT para la creación de las aulas si es que no tienen recursos para ello. "Si los regidores de estos municipios no tienen capacidad para habilitar un aula informatizada para que sus vecinos puedan hacer los exámenes de Tráfico, pueden pedir auxilio a la Diputación de Málaga que asume sin ningún reparo proyectos millonarios en municipios mayores de 20.000 habitantes gobernados por el PP y que no son de su competencia".

Tras pedir a estos alcaldes que dejen de realizar un "uso partidista" de las instituciones, han asegurado que la DGT está encontrando colaboración en la mayoría de los municipios españoles, incluidas localidades gobernadas por el PP como Marbella.