Un juez de paz ha presentado una denuncia en la Fiscalía de Málaga contra un prostíbulo de Rincón de la Victoria porque presuntamente estuvo abierto durante el confinamiento decretado en el estado de alarma por el covid-19. Está dirigida contra la empresa y contra el administrador y socio único de la misma.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, el particular con domicilio en Málaga acusa a la empresa que gestiona el burdel de “permanecer abierta pese a la declaración del estado de alarma”.

Como prueba, aporta la información ofrecida en la web de dicha empresa de servicios y en otra de “contactos” “donde han aparecido un buen número de anuncios del local desde que se decretó la alarma por cuestiones sanitarias”.

El denunciante, que es juez de paz en un municipio costero andaluz, ha explicado que lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía acogiéndose a la Ley 33/2011, General de Salud Pública que establece en su artículo 9.1 “que las personas que tengan conocimiento de hechos, datos, o circunstancias que pudieran suponer riesgo para la salud pública, deberán comunicarlos a las autoridades”.

Además, añade que el artículo 54 de la misma Ley marca “que se podrán establecer medidas preventivas tales como el cierre de instalaciones, establecimientos o servicios, así como la suspensión del ejercicio de actividades”. “El artículo 57 establece que es una infracción leve la inobservancia de la normativa sanitaria vigente”, recuerda este juez de paz.

El denunciante, tras descubrir que presuntamente este establecimiento para adultos continuaba abierto a tenor de los anuncios publicados, también lo puso en conocimiento de la Policía Local de Rincón de la Victoria, del área de Consumo de dicho Ayuntamiento, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, del Distrito Sanitario de Málaga y de la Subdelegación del Gobierno.

Sin embargo, según consta en la denuncia, “no se obtuvo respuesta”. “Considero que la inacción de quienes fueron requeridos para que tomasen las medidas oportunas en aras de velar por la legalidad vigente en materia sanitaria, pudieron haber incurrido en un delito previsto en el artículo 412 del Código Penal”, asegura.

Éste establece que el funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.