El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de la Ley de Juventud de Andalucía, la primera en la materia que se aprueba en esta comunidad, en la que se da prioridad a los jóvenes en el acceso a una vivienda pública, a través de los registros municipales.

El objetivo es facilitar el acceso al alquiler de una vivienda o a préstamos para la adquisición de ésta, mediante una "valoración específica" de la edad en los registros municipales, de forma que ser joven "puntuará", según ha dicho en rueda de prensa la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

La nueva norma pretende consolidar y reforzar iniciativas que ya se llevan a cabo en materia de juventud, como el fomento del empleo de este colectivo o la bonificación de la matrícula universitaria.

La dotación presupuestaria de la Ley de Juventud, que la consejera ha asegurado que se aprobará en esta legislatura, será de 485,8 millones de euros para los primeros cuatro años.

Sánchez Rubio ha subrayado la importancia de que se eleven al máximo rango legal todas las políticas que desarrolla la Junta para este colectivo, que supone el 23% de la población andaluza (1,9 millones de personas).

Como ejes del proyecto, cuya elaboración se ha prolongado casi cuatro años por la "complejidad" del mismo, destacan las políticas dirigidas a favorecer la inclusión laboral, el acceso a la vivienda y la preservación de los derechos de los jóvenes de entre 15 y 34 años frente a las dificultades socioeconómicas y los recortes.

Así, la norma, en cuya elaboración han participado más de 600 personas, diseña las bases de los planes integrales que impulsará el Gobierno andaluz y refuerza la "independencia y capacidad" de acción del Consejo de la Juventud de Andalucía, órgano en el que el Gobierno andaluz no tendrá ninguna representación.

De acuerdo con el proyecto, la juventud será considerada como colectivo prioritario de acción social siempre que la tasa de desempleo de los menores de 30 años supere a la europea.

Ello supondrá la aplicación "obligatoria" de medidas, exigibles por ley, como el Plan de Empleo Juvenil previsto en la norma para disminuir esa brecha, con medidas orientadas al acceso al primer puesto de trabajo, el emprendimiento, la economía social, el autoempleo, la integración del alumnado que abandona los estudios, el retorno de los jóvenes emigrados y la defensa frente a la precarización y los efectos de las desregulaciones laborales.

Según la consejera, este mandato de la ley permitirá también blindar las políticas de juventud de la Junta dirigidas al acceso a la vivienda y al avance en la gratuidad de las matrículas universitarias.

Entre las iniciativas que se consolidarán destacan los planes Emple@Joven y 30+, dirigidas a los ayuntamientos andaluces para la contratación en proyectos y servicios de interés social; el programa Andalucía Emprende, que el pasado año apoyó la puesta en marcha de los proyectos empresariales de más de 14.500 personas (el 63,38 % menores de 40 años), y la línea de ayudas Innoactiva 6000 para la constitución de empresas, con incentivos de hasta 6.000 euros.

Además, se continuará con la implantación del Sistema de Garantía Juvenil de la Unión Europea, con más de 282.671 desempleados jóvenes registrados, el 26 % del total de beneficiarios en España.

Este sistema facilita ofertas de trabajo, formación y prácticas en empresas tras el fin de la formación o el inicio del periodo de desempleo.

La futura ley añadirá nuevas medidas para facilitar el retorno de los jóvenes que en los últimos años se han visto forzados a emigrar al extranjero por razones socioeconómicas, ha asegurado la consejera.

En materia de vivienda, el proyecto de ley introduce como principal novedad la valoración específica de la edad dentro de los registros públicos de demandantes que gestionan los ayuntamientos, mientras que en cultura se promoverá la difusión de las creaciones y propuestas de los jóvenes andaluces en los espacios de titularidad de la Junta.

También se recoge la elaboración de un plan anual de educación no formal y la regulación de las cien Escuelas de Tiempo Libre de la comunidad autónoma, con la fijación de los criterios para su puesta en marcha, la homologación de su formación y expedición de títulos.

Respecto a la educación, las prioridades se dirigen a la eliminación de estereotipos de género y comportamientos discriminatorios, la prevención del acoso escolar y el apoyo al desarrollo integral en facetas como las lenguas extranjeras, la creatividad, el deporte o el voluntariado.

Finalmente, la futura ley regulará las actividades y funciones de los profesionales especializados en el colectivo joven, con medidas como la elaboración de mapas de competencias.

Según Sánchez Rubio, era "muy necesaria" la aprobación de esta norma porque las políticas de juventud estaban reguladas hasta ahora a través de distintas leyes, con lo que se "reforzará" el ejercicio de los derechos fundamentales de los jóvenes como "colectivo prioritario" para la adopción de medidas específicas por parte de la Administración andaluza.

El proyecto de ley incluye un régimen sancionador dirigido a las competencias de la propia consejería "para que se respeten todas las normas en la materia", ha destacado la consejera, que ha tildado la norma de "moderna y necesaria".