La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) informó ayer de la orden de expulsión de siete cubanos, entre los que se encuentra el expreso Carlos Martín Gómez, de su centro de acogida en Málaga y del programa de atención del que se beneficiaban, tras una agresión física entre ellos y amenazas al personal. La dirección del centro tramitó la "baja obligatoria" de estos cubanos, efectiva desde el martes por resolución de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, aunque aún no se ha producido la expulsión por la negativa inicial de los afectados a coger la copia de la orden, según han informado a Efe fuentes del centro.

La medida se produce después de que el pasado viernes cinco integrantes del grupo comenzaran una huelga de hambre al no lograr alquilar un piso donde establecerse y denunciar las incomodidades de las dependencias donde permanecen desde abril, a las que ayer acudió la Policía ante la tensión que se vivía. La CEAR explicó en un comunicado que los expulsados "han mantenido continuos conflictos entre ellos, llegando a la agresión física" y que, "por motivo de una de estas disputas, la distribución de este grupo familiar por habitaciones se reajustó". Añade que, además, se enfrentaron en repetidas ocasiones al equipo técnico del centro, "llegando a proferir amenazas directas e indirectas, agresiones verbales y faltas manifiestas al respeto".

La organización precisó que han incurrido en otros incumplimientos de la normativa de convivencia "al introducir alcohol en el centro o exhibir armas blancas en el patio" y que por ello tres fueron apercibidos por escrito de la necesidad de cambiar su comportamiento para evitar la expulsión. La CEAR indicó que la dirección denunció ante el juzgado la aparición de dos vídeos en internet donde estas personas hablan de su situación y de las condiciones del centro, "realizados a pesar de que la necesidad de salvaguardar la privacidad de las personas que residen en el centro prohíbe toda grabación". También denunció su "falta de compromiso" al abandonar los cursos formativos y al rechazar el trabajo de profesionales dedicados a ayudarles y cree que "su actitud se ha limitado a reivindicar actuaciones y prestaciones más allá de las establecidas". La CEAR afirmó que el viernes fue requerido un integrante del grupo para una reunión con quien iba a alquilarles una vivienda, momento en el que adoptaron "una actitud de confrontación abandonando sus habitaciones" e iniciaron la huelga. En el centro residen otras 38 personas, solicitantes o beneficiarias de protección internacional en su mayoría.