La subasta de medicamentos que pretende implantar la Consejería de Salud por decreto a la vuelta del verano para controlar el gasto farmacéutico supondrá que se limitará el acceso de los andaluces a decenas de fármacos que están subvencionados a nivel nacional, pero que se eliminarán en el sistema público autonómico como medida de ahorro. La intención de las autoridades sanitarias andaluzas es subastar los fármacos de mayor prescripción entre los que están los protectores gástricos, las estatinas (que se usan para bajar el colesterol) y los antiagregantes plaquetarios (empleados para que los pacientes con problemas cardiovasculares tengan la sangre fluida).

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Javier Tudela, explicó que hay una treintena de fabricantes de protectores gástricos, una veintena de estatinas y una docena de antiagregantes plaquetarios. La subasta supondría que solo un laboratorio de cada apartado -el que haga la oferta más ventajosa- se haría con el abastecimiento de las farmacias andaluzas. Así, mientras en otras comunidades los enfermos tendrán acceso subvencionado a los medicamentos de unos 60 fabricantes, los de Andalucía solo dispondrían de los tres que hayan ganado la subasta en cada uno de los subgrupos.

"La medida rompe la equidad y supone una disminución brutal de la prestación que reciben los andaluces con respecto a los ciudadanos del resto del país; es ilegal porque la Junta no tiene competencias para recortar un derecho reconocido por el Ministerio; se carga la industria porque ¿qué pasa con los fabricantes que no ganen la subasta?; desaparece la libre prescripción del médico y recorta la capacidad de gestión de las farmacias", resumió Tudela. Los distintos agentes del sector farmacéutico ya han rechazado la intención de la Consejería y han amenazado con denunciar el decreto en los tribunales. "Con esta medida se cercena el acceso de los andaluces a cientos de medicamentos que están cubiertos por el Sistema Nacional de Salud", denunció ayer la patronal Farmaindustria. Además, esta organización sostiene que implicará "una grave restricción de la competencia para las compañías farmacéuticas muchas de las cuales, especialmente los laboratorios innovadores, van a ver discriminados y expulsados del mercado andaluz sus productos".

Los distribuidores farmacéuticos (Fedifar) también rechazan el proyecto: "El afán por ahorrar [...] está llevando a muchas comunidades a tomar medidas unilaterales que rozan la ilegalidad y que, sobre todo, discriminan a las personas que viven en estas regiones al limitar su acceso a los medicamentos autorizados por el Ministerio de Sanidad". Además, Fedifar cree que dejar en manos de un solo fabricante el suministro pone en riesgo el abastecimiento en caso de un imprevisto en la producción.