La dispersión en numerosos juzgados de todo el país de los procedimientos contra los controladores aéreos que se ausentaron del trabajo o no acudieron durante el puente de la Constitución puede dar lugar respuestas judiciales diferentes y encontradas. Es decir, podría convertirse en una fuente de inseguridad jurídica. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, defendió ayer que "lo mejor" sería que todas estas causas se encargara de todas estas causas.

Juanes, en una entrevista en el portal Diariojuridico.com recogida por Europa Press, puso el caso de los controladores como ejemplo de la necesidad de redefinir las competencias de la Audiencia Nacional. El abogado Luis Vericat del despacho Cremades y Calvo Sotelo, personado en las causas que se siguen contra los controladores en Madrid, Mallorca, Canarias, Santiago de Compostela y Barcelona comparte esta opinión. Se queja de que estos procedimientos no tengan encaje en la actual configuración de competencias de la Audiencia Nacional y entiende que sólo un único juez puede tener una visión global del conflicto para apreciar si se produjo una concertación previa para que más de 400 controladores aéreos de todo el país causaran baja laboral el mismo día.

"Posiblemente si un juez de Málaga sólo analiza lo ocurrido con 14 controladores no tenga un punto de vista de la dimensión total del conflicto". En todo caso, Vericat entiende que el archivo de la causa contra los controladores del aeropuerto malagueño es provisional y, por tanto, no tiene por qué influir en los pronunciamientos que se produzcan en el resto de los juzgados. De todas formas advierte que esa dispersión judicial podría dar lugar en el futuro incluso "a sentencias absolutorias en unos casos y a condenatorias en otros", sellando así la inseguridad jurídica.

Por otra parte, la Fiscalía de Málaga ha decidido recurrir el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 y adelantado ayer por Málaga Hoy al considerar que no se ha agotado la investigación para determinar si existen indicios de delito en las bajas de los controladores. El Ministerio Fiscal tiene previsto solicitar al titular del juzgado nuevas diligencias de prueba.

La masiva ausencia de controladores aéreos en sus puestos de trabajo durante el 3 de diciembre dio lugar al cierre del espacio aéreo español y a la declaración del estado de alarma, situación inédita hasta ahora en la historia democrática de España.

En Málaga se cancelaron más de 200 vuelos que dejaron a miles de pasajeros tirados en el aeropuerto y de acuerdo con las estimaciones de los hoteleros de la Costa provocaron la cancelación de 30.000 noches de hotel, pérdidas económicas de 1,1 millones y una bajada de 12 puntos en la ocupación de estos complejos. El procedimiento contra los controladores arrancó el 7 de diciembre cuando la Fiscalía abrió diligencias de investigación para determinar si se produjo un abandono colectivo del servicio y el 14 de diciembre formalizó una denuncia contra los 14 controladores que según Aena se ausentaron de sus puestos en el aeropuerto de Málaga formalmente por enfermedad.

El archivo judicial ha tenido lugar después de que los médicos confirmaran que los 14 trabajadores presentaban problemas de salud que justificaban las bajas.