Francisco Luque (Jaén, 1957) fue el primer fiscal que sentó a Jesús Gil en un banquillo. Le pedía seis años de inhabilitación por demoler la casa del anterior alcalde, pero fue absuelto. Sugirió recurrir la sentencia, pero en Madrid no se consideró oportuno. Dieciséis años después 95 personas entre cargos públicos, empresarios y profesionales están acusadas en el caso Malaya por corrupción durante la era del gilismo. Luque recuerda que avisó de la descapitalización de Marbella y nadie le quiso oír. Su trayectoria profesional, sólida e irrefutable, arrancó a los 24 años en Málaga, en una Fiscalía que entonces sólo tenía siete juristas. Pudo pisar el acelerador de su carrera fuera pero, tras dos años de ausencia, decidió volver porque dice que le gusta esta ciudad. Desde mediados de los 90 se dedica casi por entero a la jurisdicción civil, de la que es fiscal decano. Además coordina la sección de atención a las víctimas del Ministerio Público en Málaga.

-Hablar de dar respuesta a las víctimas lleva a pensar exclusivamente en el ámbito penal.

-Depende del enfoque. Si te atienes a lo que dice la Ley de Protección de Víctimas es claramente penal, pero tiene un sentido más social. Por ejemplo, he tenido un asunto que no sabía dónde encajar en el que unos padres denunciaban que no se había permitido a su hija participar en un baile organizado por el Ayuntamiento de Torremolinos porque tenía una minusvalía y afeaba el acto. Al final se incardinó por discapacidad y se les informó de que podían denunciar al Estado español ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

-Llegar hasta la ONU parece un recorrido muy largo. ¿No se puede obtener una respuesta antes?

-Ahora con el nuevo Código Penal es posible, antes no. La respuesta penal hubiera resultado incluso insultante porque se trataría como una falta, como algo sin identidad.

-¿Se puede pensar que los juzgados civiles trabajan para proteger a bancos y grandes superficies? Ya sabe, sus impagos...

-A estos también se les protege, pero para nada es así. En la jurisdicción civil están los asuntos de familia, el juzgado de discapacidades y se ha hablado de crear el de desahucios que espero que no se apruebe finalmente porque un tema de estos si es urgente y le toca a un juez con cierta sensibilidad se puede anticipar, pero si se trata de un juzgado especialista, todos sus asuntos serán igual de urgentes, al final se colapsará y habrá aún más retrasos .

-Los cambios han sido rápidos en familia: hace 30 años las parejas no podían divorciarse, después se entendió que la custodia era para la madre y ya vamos por la custodia compartida.

-La Ley del Divorcio nació con complejos, pero en ningún sitio dice que la custodia de los niños sea para la madre. Lo que pasa es que la interpretación se ha hecho por inercia y porque los roles sociales también han cambiado. A un padre de 1982 si le daban un niño de 3 años no sabía qué hacer más que llevárselo a la abuela. Ahora la situación no es ésta. La Fiscalía General del Estado fomenta la custodia compartida por mutuo acuerdo y, aún cuando no lo hay, cuando el fiscal razona en un informe que es más beneficioso para el menor. Esto ya es así, lo que sucede es que es muy difícil entre dos progenitores que no se hablan llegar a una solución, sobre todo porque muchos utilizan a los niños como campo de batalla.

-¿Le parece oportuno que el Constitucional haya suspendido la ley valenciana que determinaba la custodia compartida aún en caso de desacuerdo?

-Creo que ésta es una competencia clara del Estado. No pueden existir distintas regulaciones para los nacionales de un estado. Es como en sanidad: no puede haber en un territorio derecho a unas vacunas y en otro no.

-La reciente sentencia que limita la tutela paterna sobre una joven con síndrome de Down parece expresar que hay determinados jueces que van por delante del propio Código Civil.

-El código está absolutamente obsoleto en esta materia. Se ha pasado por la figura del tutor, protutor, consejo de familia y ahora tutela de autoridad, pero es una institución que tiene su arranque en que una persona no es plenamente capaz y se le sustituye por otra para que la estructura productiva de la sociedad siga funcionando. La Convención de Nueva York plantea un sistema distinto, en el que la persona discapacitada es el epicentro y dice que discapacidad más apoyo es igual a capacidad plena, en vez de anularla o sustituirla. Es justo lo contrario. Y luego tenemos otro asunto importante con los internamientos.

-¿Y es?

-El internamiento psiquiátrico es una medida terapéutica que debe adoptar un juez, pero por razones de urgencia en la mayoría de los casos la decide un médico. Al tratarse de una situación jurídica de privación de libertad el juez debe legalizarla antes de 72 horas tras oír al internado e informe previo del forense y del fiscal.

-O sea, que no se cumple.

-Se trata de cumplir. El juez de primera instancia número 11 sale dos veces a la semana para atender estos casos y acotar al mínimo posible los plazos, pero no hemos conseguido que el forense lo acompañe porque no tiene esa disponibilidad de medios, mientras que el fiscal lo que hace es controlar esos internamientos a posteriori. Hay que tener en cuenta que sólo en Málaga hay 3.000 internamientos al año.

-El Gobierno tiene en proyecto una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorga al fiscal la facultad de instruir que ahora tiene el juez. ¿Es conveniente?

-Absolutamente imprescindible.

-¿Y es posible?

-Sí, rompiendo muchos intereses corporativos, pero sí.

-¿Por qué es imprescindible?

-Primero porque la Constitución atribuye al juez la función de juzgar y ejecutar lo juzgado. Ahora el juez instruye a un fiscal que es inspector del sumario y que luego debe formular y sostener ante el que va a juzgar... Esa escisión no puede ser. Y en segundo lugar porque en todos los países de nuestro entorno instruyen los fiscales. Cuando hay, por ejemplo, una operación antidroga entre varios países y se reúnen los fiscales para coordinar la investigación por parte de España aparece un juez. Nadie sabe qué hace, es que no se entiende.

-Bien, pero luego está la realidad. ¿Es posible?

-El problema es que ahora mismo hay 4.000 ó 5.000 jueces que se han creado en función de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Alonso Martínez, que es buena pero de 1882 y por tanto obsoleta. Lo que hay que hacer es tener las ideas my claras y hacer este cambio con vocación de permanencia. La reforma que el Gobierno ha enviado a las Cortes, que no creo que salga aprobada ni que haya tiempo para ello, tiene por lo menos la didáctica de señalar un camino.

-¡Sobrarán muchos jueces!

-Pero la puerta de entrada para jueces y fiscales es la misma. Se trataría de crear un sistema que permita a los jueces con vocación de instructores seguir siéndolo desde la perspectiva de fiscales. Y hay otra cosa importante, el juez instructor no sabe instruir, lo hace con arreglo a los mandatos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero instruir no sabe. Es necesario saber llevar una investigación, ponerse a la cabeza.

-¿El fiscal sí sabe instruir?

-Tampoco.

-Entonces, ¿quién instruye? ¿La Policía?

-Pues la Policía con las determinaciones que técnicas que le da el juez o el fiscal, pero la Policía. De lo que se trata es de dar la formación suficiente al que vaya instruir para que sepa dirigir la investigación.

-Las fiscalías especializadas están en esa línea, ¿no?

-El sistema organizado por la Fiscalía General del Estado nos pone dos pasos por delante de la judicatura, y que no se enfade nadie. Al especializarse el fiscal está más evolucionado que el juez sin especialización. Eso es algo lógico. En el Supremo, la Audiencia Nacional e incluso en las salas de Málaga los magistrados sí están especializado, pero no el resto.

-Si al fiscal general del Estado lo nombra el gobierno y los fiscales funcionan con una estructura jerárquica, ¿no está en entredicho la independencia de ese fiscal instructor?

-Ahora el nombramiento del fiscal general tiene un trámite de paso por las Cortes y aunque lo nombra el Gobierno ya no lo puede cesar salvo por cuestiones tasadas. Ahí está la garantía de independencia. En cualquier caso no hay que alarmarse de que el Gobierno dirija la política criminal, esa es una facultad que le otorga la Constitución y dentro de la política criminal está la forma de conectar con los tribunales. Decidir la política criminal es decir, a mí, Gobierno, me interesa que se erradique esa lacra.

-Pero se podría hacer un uso partidista.

-Tenemos un ejemplo clarísimo: la Fiscalía Anticorrupción. Durante dos legislaturas del PSOE está funcionando con un fiscal [Antonio Salinas] nombrado por el PP y funciona bien. Ha habido actuaciones en Marbella, en Ayuntamientos del PP, del PSOE... No se puede decir que haya sido sectario.

-Ha habido casos en los que se ha señalado con el dedo al Gobierno.

-Las actuaciones judiciales cuando tocan determinados estamentos como los políticos, la primera defensa es echarle al culpa al otro. Esa es la primera defensa, pero en realidad es consecuencia de la falta de madurez democrática. En una sociedad con 150 años de madurez democrática no se culparía al adversario político.

-Los últimos años han sido demoledores. Las sospechas corrupción política han llegado a todos los rincones.

-Los políticos son los que tienen que acabar con la corrupción política. Este es un tema de financiación ilegal de los partidos y ellos son los que tienen que determinar cómo se financian y darle transparencia. Luego está la corrupción individual del que aprovechando la financiación ilegal se lleva para su casa.

-¿No existe solución judicial?

-Cuando hay un cáncer en una estructura se puede erradicar judicialmente, pero cuando la estructura está desvencijada eso no lo soluciona un juez ni miles de jueces.

-¿Cómo observa los macrojuicios?

-Está por ver qué va a pasar, me da miedo. Si hablamos del más grande, del que está en curso [Malaya], en primer lugar ha necesitado una interpretación evolutiva y un absoluto reajuste de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aunque es milagroso que se esté celebrando con tantos procesados, que algún mérito tendrán en ello el tribunal, el fiscal y los letrados, yo creo que a juicio debe llegar lo más importante y lo demás debería quedar antes pactado. Es imposible remediar toda la conducta de un ayuntamiento y de lo que tenía a su sombra durante tantos años, judicializarlo todo y resolverlo en sentencia. Es muy complicado. ¿Qué nos cuesta al erario público ese juicio? En este sentido me maravilla el sistema americano. En Manhattan hay 2.000 detenidos diarios que se despachan en 24 horas y Madoff en un mes estaba juzgado y condenado.

-Usted sentó a Jesús Gil en el banquillo en 1995.

-El primer día que me encontré con Gil me preguntó cuántos fiscales estábamos trabajando en su caso y, claro, estaba yo solo. Me respondió que él tenía a 40 abogados con los mejores medios. Me dijo: "Ya veremos quién gana". Posiblemente si hubiera habido entonces una condena nos hubiéramos ahorrado mucho. Recuerdo que avisé de que veía en Marbella operaciones de descapitalización, pero entonces se entendió como algo muy local.

-¿Dónde aparca en la Ciudad de la Justicia?

-Bueno, antes fuera, ahora dentro.

-El conflicto por el aparcamiento subterráneo suma y sigue.

-Lo lógico hubiera sido haberlo previsto y tener un aparcamiento en el edificio suficiente para todos. Es que era una obligación. Y si iba a ser la semilla de la discordia haberlo negociado antes de venir aquí.

-¿Y con la ciudad cómo se lleva?

-Fenomenal, me siento malagueño. Málaga, como diría Alfonso Guerra, no la conoce ni la madre que la parió. Está cambiadísima. Es una gran ciudad, ha sabido cambiar de concepto, reorientarse hacia el turismo cultural. Ahí están el festival de cine, Picasso, el museo Thyssen, la fusión en el campus de excelencia de Málaga y Sevilla.