Defender la sanidad pública pese a los tiempos de crisis, rechazar el copago, oponerse a recortes que mermen la calidad asistencial e instar a los usuarios a que contribuyan a la sostenibilidad del sistema sanitario con un uso racional de los recursos. Son algunas de las líneas que defiende la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Desde 2009, esta organización está legalizada en Málaga.

-¿Cuáles son los objetivos de la asociación?

-Obviamente, la defensa de la sanidad pública. Estamos viendo cómo está ahora mismo el panorama y creemos que hay que apostar fuerte por la sanidad pública. Aquí en Málaga ha habido una gran invasión de la privada y están intentando atacar la línea de flotación de la sanidad pública. Entonces el objetivo es la defensa a ultranza de la sanidad pública.

-¿Pero a quién se refiere cuando dice que intentan atacar la línea de flotación de la sanidad pública?

-Hay un negocio muy grande detrás. La sanidad pública mueve 70.000 millones de euros en España. Aquí se puede calcular porque la inversión es de 1.500 euros por habitante. Son muchos miles de millones los que hay ahí en juego. Es una tarta muy grande y va a por ella todo el capital privado y hay que defenderla. Ya se está hablando del copago. La sanidad pública debe ser gratuita y al alcance de todo el mundo.

-¿O sea, copago no?

-Copago no, por favor. Está más que demostrado que no es efectivo a la hora de bajar el gasto. Porque además el copago sumaría burocracia a la que ya tenemos y además perjudicaría a los más necesitados. Habría personas que no podrían recibir asistencia porque no se podrían permitir el lujo de pagar esa parte. Ya cualquier persona en activo, en las medicinas paga un 40%. Es decir, parte del copago lo tenemos integrado de toda la vida.

-¿Y qué proponen para que la sanidad pública sea viable?

-Primero inyectar más dinero. Segundo, los presupuestos deben ser finalistas; el dinero para sanidad debe usarse para sanidad. Los presupuestos no son finalistas. Las comunidades reciben el presupuesto destinado a sanidad y con ese dinero pueden hacer lo que les dé la gana. Sirven para otras cuestiones, no para sanidad. Y tercero, mejorar la gestión. La gestión tiene que ser mucho más eficiente. Hay infinidad de fórmulas. La sanidad es un servicio público, no es un negocio. Si lo queremos mirar como un negocio, pues mal vamos.

-¿Qué medidas debe adoptar la Administración para mantener una sanidad pública viable?

-Hay muchas medidas. Una es seguir utilizando los genéricos, que se ha demostrado que es un ahorro muy, muy importante. Hay muchísimos medios para avanzar en el control del gasto sin llegar al copago como el acceso de los médicos de familia y pediatras a pruebas hospitalarias tecnológicas, centralización de las compras y suministros para poder obtener los beneficios de la economía de escala, dejar de financiar nuevos medicamentos que está demostrado que no aportan nada nuevo a los ya existentes...

-¿Y los usuarios, que pueden hacer por la sanidad pública?

-Racionalizar su uso. Los usuarios tienen que ser más conscientes de que la sanidad pública es de todos y que entre todos hay que cuidarla. Deben hacer un uso racional desde los servicios hasta los medicamentos. Se nos olvida que antes se iba al médico cuando de verdad se necesitaba. Ahora se va para muchas cosas que son nimiedades.

-¿Lo bueno de la sanidad pública?

-Es una de las sanidades más avanzadas del mundo. Cualquier persona tiene derecho a la asistencia sanitaria. Es universal, es gratuita y además, es de primer nivel.

-¿Y lo malo?

-Tiene sus defectos, como todo. La gestión debería ser un poco más eficiente. El control del gasto corriente debe ser más eficiente, deberíamos avanzar más en nuevas tecnologías, la atención primaria debería estar muchísimo más potenciada...

-¿Y las listas de espera?

-Las listas de espera son mejorables. Los quirófanos pueden funcionar perfectamente mañana y tarde. No hay porqué cortar la actividad.

-¿Cree que está en peligro la sanidad pública?

-Si no se toman medidas creo que sí. No hay mas que irse a otras comunidades como Madrid, Valencia con las fundaciones y los modelos de financiación privada (PFI) donde se crean empresas de derecho privado para gestionar la parte sanitaria de los hospitales bajo este régimen, o Cataluña, con los cierres de servicios durante este verano.