Tomás Reñones estaba fuera de juego en la Marbella del GIL. El que fuera lateral derecho y central del Atlético de Madrid hasta su entrada en política de la mano de Jesús Gil, afirmó ayer ante el tribunal que le juzga por corrupción que él se limitaba a gestionar el deporte municipal y que la comisión de gobierno a la que él pertenecía no decidía las cuestiones urbanísticas. Simplemente asistía a la exposición que hacían los técnicos comunicando si contaban o no con su visto bueno. "Yo entendía de deportes, no de urbanismo", resumió.

Reñones entró en política en 1999 y en abril de 2006, al ser detenida Marisol Yagüe y gran parte de su equipo de gobierno, fue alcalde de Marbella hasta que en junio de ese año el juez del caso Malaya ordenó su arresto e ingreso en prisión, acusado de participar en la corrupción político urbanística de Marbella.

La estrategia defensiva que desplegó ayer sigue en líneas generales la mantenida por la exalcaldesa y concejales que han declarado hasta ahora: las decisiones urbanísticas respondían a los criterios técnicos. Sin embargo, el último alcalde del GIL fue un paso más allá al poner bajo el foco a Raquel Escobar, abogada del área de Urbanismo en aquellas fechas.

Su declaración resultó significativa cuando relató que los concejales asistían sin votar nada a la lectura de dictámenes jurídicos que hacía Escobar. En definitiva, que eran los técnicos los que dirigían el urbanismo de Marbella en los tiempos del GIL. Y aunque no lo dijo expresamente, de esta afirmación se deduce que si alguien debe estar sentado en el banquillo para responder por aquella política urbanística tienen que ser los técnicos.

Esta insinuación es venenosa porque Raquel Escobar figura entre los testigos más relevantes que tiene la Fiscalía Anticorrupción para apoyar los cargos contra Juan Antonio Roca y los concejales del GIL procesados en el caso Malaya.

Hasta ahora las defensas de los acusados se habían dejado caer su extrañeza porque no estuviera entre los acusados ni la asesora jurídica de Urbanismo ni la de Planeamiento, María Castañón. La novedad reside ahora en afirmar que ellas eran las primeras y últimas responsables del urbanismo del GIL.

Tomás Reñones está acusado de prevaricación, malversación y cohecho, por los que la Fiscalía Anticorrupción le pide 15 años de cárcel y 200.000 euros de multa, por su participación en dos permutas de bienes municipales que el Ministerio Público entiende perjudiciales para Marbella y el presumible cobro de 162.000 euros en sobornos. Él, sin embargo, negó haber recibido dinero de Juan Antonio Roca. Simplemente aludió a que la moción de censura surgió porque Jesús Gil "cansado de la política" entregó" el GIL a la Junta de Andalucía para que "arreglara los problemas de Marbella".

Ayer también comenzó a declarar el concejal Vicente Manciles, edil de la última corporación gilista de Marbella que igualmente negó haber recibido sobornos, a pesar de que Juan Antonio Roca confesó en su declaración de noviembre del año pasado que hacía aportaciones a los concejales para que se mantuvieran unidos y no rompieran el equipo de gobierno.