La picaresca de las empresas y de algunos trabajadores no cesa. Ni con crisis ni sin crisis. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo realizaron el año pasado en la provincia miles de inspecciones tanto a compañías como a particulares y, una vez más, se encontraron todo tipo de anomalías en las relaciones laborales, la seguridad, la contratación de extranjeros, la economía irregular o en los fraudes a la Seguridad Social.

En este último aspecto, uno de los más llamativos al ser el que más dinero mueve, la Inspección de Trabajo detectó un fraude de 32,76 millones de euros a las arcas públicas el año pasado en Málaga tras contabilizar un total de 2.358 infracciones, de las cuales la gran mayoría (1.388) correspondieron a aspectos relacionados con la afiliación y alta de trabajadores por cuenta ajena, es decir, no dar de alta a los empleados. No obstante, el dinero defraudado por esta circunstancias apenas ascendió a 4,4 millones de euros. El mayor fraude económico, cifrado en 16 millones de euros, se produjo por la derivación de responsabilidad. "Eso ocurre cuando, por ejemplo, una empresa ha desaparecido pero ha dejado una deuda con la Seguridad Social. Sus socios constituyen otra compañía y creen que no tienen que pagar ese importe, pero sí tienen que hacerlo. También ocurre con empresas que subcontratan o ceden servicios y no cotizan a la Seguridad Social", explica Mercedes Muñoz, la jefa de la Inspección en Málaga.

Esos 32,7 millones de euros son el fraude que Trabajo ha conseguido descubrir -lamentablemente habrá mucho más- y tienen que abonarlo las empresas. No obstante, no solo vale devolver el dinero defraudado sino que la Inspección multó a todos los infractores con 6,53 millones de euros el año pasado.

Otro de los aspectos clave en el balance del año de la Inspección está relacionado con lo que en este departamento llaman economía irregular, que diferencian de la sumergida porque la primera se produce entre empresas conocidas y la segunda entre firmas cuya existencia se desconoce. En materia de economía irregular, los funcionarios hicieron el año pasado 8.045 inspecciones que dieron lugar a 14.379 actuaciones -suele haber más de un acta por inspección- y se sumaron 1.747 infracciones que, entre el fraude y las multas, suponen un montante de casi cinco millones de euros.

En este caso, la mayoría de penalizaciones se pusieron por fraudes en la contratación del personal. Sin embargo, lo que genera más alarma social es que, una vez más, los inspectores se han encontrado a numerosas personas que estaban trabajando y recibiendo algún tipo de prestación a la vez. La Inspección puso el año pasado 517 multas por esta situación, pillando a 283 personas que estaban en un empleo y cobrando el paro y a 205 empresarios que cogieron personal aún a sabiendas de que esos ciudadanos estaban recibiendo una prestación por desempleo y que, por tanto, estaban cometiendo una irregularidad. La sanción económica se pone al empresario y no al trabajador, si bien Muñoz señala que a esos falsos parados se les retira el subsidio de desempleo y no pueden recibir ningún tipo de ayuda pública o curso de formación de Empleo durante un año.

En el apartado de relaciones laborales puras y duras (contratos, salarios, jornadas, expedientes de regulación de empleo, igualdad...) los inspectores realizaron en 2011 un total de 2.069 análisis y contabilizaron 203 infracciones por un importe de 602.961 euros. Se revisaron 7.361 contratos y más de 2.000, el 29%, tuvieron que ser convertidos en indefinidos.

La seguridad en el puesto de trabajo es otra de las prioridades de la Inspección, que el año pasado detectó casi medio millar de infracciones en esta materia y puso multas por valor de 1,4 millones de euros. En 2011, según los datos de este organismo público, hubo 235 accidentes laborales en la provincia de los cuales 10 fueron mortales, seis muy graves, 161 graves y 58 leves. Posiblemente, algunas de esas muertes se hubieran podido evitar si las empresas o sus empleados hubieran extremado sus medidas de seguridad. La Inspección, por ejemplo, contabilizó 26 infracciones por la mala situación de escaleras, plataformas y aberturas; 15 por malas condiciones de seguridad en el trabajo; 98 por problemas con los servicios de prevención ajenos; 33 en la subcontratación de obras en la construcción; 21 en medidas de protección personal; 34 por problemas con la maquinaria; ó 35 por la evaluación de riesgos.