El interventor municipal de Marbella, Juan Antonio Castro, aseguró ayer al tribunal que juzga el caso Malaya que él vio a los concejales de los gobiernos del GIL cometer "actos ilícitos". El testigo, que se jubiló en marzo pasado, afirmó que los múltiples reparos que comunicaba a los ediles no figuraban por norma en el acta que redactaba el secretario municipal. "Ni daba cuenta [de los reparos] ni los recogía en el acta nunca jamás", indicó derivando de esta forma la responsabilidad a Leopoldo Barrantes, el secretario del Consistorio que está procesado en el caso Malaya.

A preguntas de las defensas trató de indicar que no se ocupó de denunciar estas anomalías ni de oponerse a que se ratificaran las actas porque, en su opinión, los concejales deberían haberse ocupado de analizar los expedientes para comprobar si figuraban los informes preceptivos y en qué sentido.

Ayer volvió a insistir en que los informes relativos a los convenios y permutas deben necesariamente realizarse antes de ser aprobados, pero que era frecuente que él no tuviera acceso al expediente hasta que ya habían sido ratificados por el equipo de gobierno.