El Ayuntamiento de Málaga tiene ante sí una nueva reclamación millonaria por parte de Grupo Baensa, a través de la sociedad La Solana, a la que a finales de 2010 compró la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria. Tras no pocos meses de conversaciones infructuosas en relación al pago de los denominados gastos impropios, los administradores concursales de la empresa (en concurso de acreedores) han remitido una amplia documentación a la Gerencia de Urbanismo en la que cifran en unos 10 millones de euros el montante a satisfacer.

Así lo explicaron a Málaga Hoy fuentes próximas a la empresa afectada por la operación del Astoria. Las mismas insistieron en que los escritos, facturas y resto de documentos elevan la compensación por encima de las previsiones iniciales, cuando se hablaba de alrededor de 6 millones de euros. Tras la entrega de estos datos, corresponde al Consistorio mover ficha y contestar, si bien, dados los antecedentes, todo apunta a que será negativa. Una circunstancia que, de producirse, abocaría nuevamente a las dos partes a los tribunales, como ya ocurriera años atrás con una promoción de viviendas en El Perchel.

"Esa cantidad no es que la pongamos nosotros, sino que lo dicen los administradores concursales, que son los que han revisado las cuentas de La Solana", explicaron las fuentes. Esta empresa, de origen vasco, fue a la que a finales de 2010 el Ayuntamiento compró los edificios de la Plaza de la Merced para ejecutar un equipamiento cultural de referencia. En la rúbrica de la compraventa, que supuso un desembolso de unos 20 millones de euros (parte en metálico y parte en solares), el propio alcalde, Francisco de la Torre, admitió la existencia de unos gastos, de entre 5 y 7 millones, que habrían de ser abonados por el Ayuntamiento. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible el acuerdo.

El precedente no es excesivamente alentador para el equipo de gobierno del PP. El pasado mes de junio se conoció que un juzgado obligaba al Ayuntamiento a compensar con 20 millones de euros a Baensa por impedir el desarrollo de una promoción de 230 viviendas en El Perchel. La reclamación de la firma privada tomó como base el compromiso asumido por Urbanismo de trasladar el mercado de El Carmen a finales de 2007, paso imprescindible para iniciar la construcción de los pisos y que no se formalizó hasta octubre de 2011. Se da la circunstancia de que la empresa incluso tuvo que devolver tres millones de euros a los clientes que reservaron una vivienda. En este caso, el Ayuntamiento ha recurrido la decisión judicial.