El anuncio de la multinacional petrolera Repsol de mantener sus planes de perforar el pozo exploratorio de gas frente a la costa malagueña el próximo mes de febrero ha vuelto a caer como un jarro de agua fría entre las instituciones, organismos y colectivos que desde el principio han mostrado su oposición al proyecto denominado Siroco, y que sólo está a la espera del último permiso del Ministerio de Industria. La oposición más férrea la han mostrado desde el principio los ayuntamientos de Mijas y Fuengirola, por ser la zona prevista elegida por la empresa para buscar bolsas de gas en el subsuelo marino.

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal (PP), está "absolutamente en contra" de que se realice cualquier tipo de prospección de gas en el litoral malagueño. "Nosotros vivimos del turismo, por lo que buscar ahí gas es como desnudar un santo para vestir a otro. Entre incendios, plataformas y vallas publicitarias vamos a convertir la Costa del Sol en un polígono industrial", criticó.

Asimismo, Nozal anunció que cuando se lleven a cabo las labores de prospección el Ayuntamiento mijeño "vigilará" para que se cumpla la normativa y que se lleven a cabo los trabajos "tal y como se deben de hacer". "No descarto pedir ayuda a grupos medioambientales, como Greenpeace, para hacer un seguimiento exhaustivo", explicó.

También la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, ha mostrado siempre su desacuerdo por "no dar una buena imagen ni mejora del atractivo del litoral". Sin embargo, pese a su oposición, aseguró que si van a realizarse, "lo ideal es que cuanto antes se hagan mejor para que los trabajos estén concluidos antes de la temporada alta turística para no perjudicar al sector".

Junto a la oposición mostrada por los dos ayuntamientos afectados, el Pleno municipal del Consistorio de Málaga aprobó el pasado mes de mayo de forma unánime tres mociones presentadas por PP, PSOE e IU contra las prospecciones de gas que el Gobierno autorizó a la compañía Repsol en la Costa del Sol en febrero de 2003. También la Diputación provincial de Málaga hace sólo dos semanas dio el visto bueno a una propuesta para que el Ejecutivo paralizara los permisos.

Sin embargo, el Ministerio de Medio ambiente dio luz verde el año pasado a la declaración de impacto ambiental presentada por Repsol y que de da vía libre para culminar la búsqueda de gas que inició hace ya casi diez años. El estudio de impacto ambiental de Siroco plantea dos escenarios de derrame accidental de combustible. El más limitado, de 15 metros cúbicos, se asocia a incidentes en el abastecimiento de la plataforma de prospección. El más extremo -de 2.603 metros cúbicos- correspondería a la rotura simultánea de los siete depósitos de la plataforma. El informe contempla, además, que la probabilidad de que esto suceda es de una entre 6,9 millones. Sin embargo, sus efectos "moderados" abarcarían desde la fauna y flora marinas -tortugas, cetáceos y aves- hasta las praderas de posidonias de la punta de Calaburras en Mijas y que está catalogado como un Lugar de Interés Comunitario.

El estudio concluye que "un derrame de combustible de importancia, en el caso de que llegase a la costa, ocasionaría una pérdida temporal del atractivo turístico de la zona". De producirse, alcanzaría la orilla en unas diez horas. De ahí, que la empresa esté obligada a hacerlo con restricciones para no afectar ni al turismo, ni a la pesca ni al paso de cetáceos y sólo podrá realizar el sondeo entre los meses de febrero y abril. No obstante, el coordinador de Ecologistas en Acción en Mijas, Juan Jesús Alarcón, señaló que "no merece la pena exponerse a un riesgo semejante y afectar a una zona turística en la que se produciría un verdadero desastre económico".