Málaga

Doce familias acusan a Mirador de apropiarse de 400.000 euros

  • Compraron viviendas en Vélez-Málaga por las que pagaron una media de 30.000 euros cada uno, suma que nunca recuperaron a pesar de que las viviendas no se construyeron

"Me echaron de las oficinas. Me dijeron que no me querían ver por allí y que no me iban a dar un duro". En estos términos se expresaba ayer ante el tribunal uno de los doce compradores del grupo inmobiliario Mirador que entregó en este caso 32.200 euros por una vivienda en Vélez-Málaga y años después ni tiene casa ni tiene dinero.

Los hermanos Enrique y Leopoldo Faura, en su calidad de administrador y apoderado respectivamente de Mirador, se enfrentan a siete años de prisión, 20 meses de multa a 20 euros diarios (12.000 euros) y la devolución de cerca de 400.000 euros que percibieron entre 2004 y 2005 por la venta de viviendas en la promoción Mirador de la Fortaleza que nunca llegaron a construir. La Fiscalía les atribuye un delito de apropiación indebida. Enrique Faura trató de sacudirse esta acusación explicando al tribunal que todo el dinero que cobró a los compradores lo destinó a esta promoción, donde llegó a invertir 2,7 millones de euros a pesar de que no llegó a poner ni un solo ladrillo.

El empresario indicó que compró en solar en 1999 y en 2004 comenzó la comercialización de los pisos. Sin embargo, el proyecto se enredó porque tuvo que superar una modificación de elementos del PGOU, un plan parcial y un cambio en la reparcelación. En 2007 pidió por primera vez licencia para edificar una promoción de viviendas oficiales pero desistió de esa solicitud que volvió a pedir en 2008, aunque en esa ocasión caducó. Según su versión, la prescripción sobrevino porque el Ayuntamiento le pidió documentos que su empresa dio a los técnicos directamente, en vez de hacerlo a través del registro, de modo que no figuran formalmente como entregados.

Finalmente, en noviembre Mirador 2008 vendió los suelos de esta promoción, de la que ya había vendido alrededor de 80 casas. De acuerdo con las explicaciones que ofreció al tribunal no se quedó con el dinero porque en realidad se trató de una dación de pago al banco.

El acusado sugirió que este grupo de doce compradores no ha querido negociar con su empresa la devolución de las cantidades entregadas ni la permuta por otras viviendas porque en conjunto en Mirador de la Fortaleza se realizaron 82 operaciones de venta y a 68 familias les ha devuelto el dinero y a otros dos les ha entregado pisos en otras urbanizaciones.

De hecho, y a petición de la defensa, la abogada María José Marín compareció como testigo en el juicio para asegurar que 20 clientes suyos negociaron con Mirador la devolución del dinero entregado y que la empresa "cumple a satisfacción" el pacto.

Esta lectura de lo ocurrido es diametralmente opuesta a la expresada por los 12 perjudicados en este procedimiento. Uno de ellos relató que en noviembre de 2005 firmó un contrato privado de compra y entregó 32.200 euros. Puesto que contaba con una cláusula de rescisión por incumplimiento de entrega, le tuvieron que librar dos pagarés por el importe que había desembolsado. Sin embargo, cuando llegó la fecha de vencimiento del documento no había dinero. A partir de aquel momento comenzó a ir a diario a las oficinas de Mirador para reclamar su dinero, hasta el día en el que no lo querían ver más por allí y que en cualquier caso "no me iban a dar un duro".

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