Más de 500 familias malagueñas están pendientes de la moratoria del Gobierno para frenar los desahucios. Son los desalojos previstos hasta finales de año, de continuar el crecimiento que se viene produciendo en el último año, en el que hasta el mes de junio se han registrado 2.055 desahucios, casi el 63% de los realizados en todo el 2011, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial. A la espera del cumplimiento del decreto-ley aprobado ayer, a finales de año casi 3.800 familias habrán perdido su hogar, un 15% más que el pasado año.

Uno de los problemas en estas situaciones es la importancia que se está dando a la ley hipotecaria, "cuya reforma es necesaria, pero detrás de cada desahucio hay una familia, hay menores, dependientes, mayores, padres que avalan a hijos... Hay una situación general que se está dejando de lado, porque lo que hace falta es una intervención integral, no jurídica, ni social", aseguró ayer Inmaculada Jiménez, abogada, mediadora y presidenta de la asociación Solucion. Fue en la presentación de las conclusiones del Primer Seminario de Mediación Hipotecaria celebrado el pasado octubre por este colectivo y la Asociación Cívica para la Prevención y que contó con la participación del Colegio de Abogados y el Colegio de Trabajo Social. Intermediación, información y coordinación son las claves que presentaron.

"La intermediación hipotecaria debe ser realizada por profesionales capacitados y con formación suficiente para poder representar a aquellas personas que tienen ese problema ante las entidades bancarias". Rafael Redondo, presidente del Colegio de Trabajo Social, se mostró ayer tajante con quién debe mediar en los casos de desahucio y son los mediadores o intermediadores, porque son los que mejor pueden ayudar a los sectores de población proclives a enfrentarse a estas situaciones, que además cuentan con "bastantes deficiencias en lo académico, en lo cultural y en cuanto al conocimiento de sus derechos". Otra de las necesidades que se plantearon en el seminario pasa por la necesidad de interlocutores en los bancos. Cuando el profesional acude a un banco a intentar intermediar, se encuentra prácticamente con un muro. Redondo explicó que "la sucursal no puede tomar decisiones porque eso depende de la central. La central dice que no, que depende de la regional, por lo que acabas hablando con 18 personas y ninguna te da ninguna solución". Por eso, cada entidad bancaria debería definir esa figura a la que dirigirse para la negociación en vías de buscar una salida al desahucio. La intermediación, por ahora, están en manos de los bancos, denunció Belén Martínez, abogada y coordinadora de la oficina de intermediación hipotecaria del Colegio de Abogados, porque "no tenemos un arma jurídica con la que poder actuar, por lo que estamos en manos de la entidad, de lo que ella quiera hacer".

Los ciudadanos también han de tener claro qué recursos tienen a su disposición y a dónde pueden dirigirse, por lo que desde el Colegio de Trabajo Social solicitaron que de forma inmediata se inicien campañas de información para que las familias acudan antes incluso de que se produzcan los impagos. En este mismo sentido, el presidente del Colegio habló de la importancia de la coordinación entre todas las administraciones. "La gente no sabe que existe una ventana única en la Diputación, ni que tiene un convenio con el Colegio de Abogados, que la Junta de Andalucía tiene un oficina de intermediación en la Delegación de Empleo...", concretó.

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