El Gobierno pone contra las cuerdas a varias empresas del parque tecnológico

El Ministerio de Economía y Competitividad acaba de comunicar a varias empresas del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), a través del propio parque, que tienen que devolver de forma inmediata unos préstamos que les había concedido el Gobierno con un plazo de amortización estipulado de entre 10 y 15 años. Ese dinero, que corresponde a la convocatoria Acteparq y que ha sido canalizado directamente a través de las entidades gestoras de los parques, ya ha sido invertido en la construcción de edificios o la adquisición de equipamiento y algunas de esas compañías no están en condiciones de devolverlo en estos momentos, por lo que hay temor en la tecnópolis de que algunas compañías tengan incluso que cerrar.

Una de las empresas afectadas es Ingenia. Su director general, José Blanco, explica que solicitaron un préstamo en 2009 de 1,66 millones de euros a través del PTA con un periodo de devolución de 15 años. Apenas han pasado cuatro ejercicios y ahora el Gobierno les exige que devuelvan toda la cantidad. "Nos dicen que no hemos cumplido una normativa sobre la que no nos han informado. No entendemos nada. Han sacado una normativa que va a tumbar a varias empresas", subraya este directivo, quien apunta que estos préstamos fueron promovidos directamente desde el PTA y que Ingenia, como tal, no tuvo ni tiene contacto directo con el Ministerio.

Blanco destaca que "ahora mismo no podemos devolver ese dinero", toda vez que Ingenia está atravesando un mal momento. La compañía acaba de negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá el despido de 40 trabajadores, el 16% de su plantilla, y ha establecido un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) para el resto de la compañía.

Lo más llamativo es que, según Blanco, el Ministerio "no nos ha dicho oficialmente cuál es la causa para que haya que devolver este dinero". Ese préstamo fue utilizado por Ingenia para construir y equipar sus laboratorios. Tras auditar la ejecución del proyecto, el Gobierno les ha notificado el inicio del procedimiento de revocación de la ayuda pese a que "nos han comunicado que el proyecto se ha realizado y se ha cumplido con la finalidad que determinó la concesión de la ayuda y con las condiciones dispuestas para el disfrute de la misma", añadió Blanco.

Otra de las compañías que se han visto alteradas por esta decisión del Ministerio ha sido Novasoft. Su presidente, Francisco Barrionuevo, afirma que esta empresa recibió un préstamo de 2 millones de euros a 10 años y que tampoco está en condiciones de devolver ese importe "de golpe y porrazo", pues a su división de ingeniería -que acapara el 60% de las ventas del grupo- las Administraciones Públicas le adeudan 11 millones de euros. Novasoft anunció el pasado viernes que ha alcanzado in extremis un pacto con proveedores y entidades financieras para evitar el concurso de acreedores. "No puedo pagar esa cantidad de golpe y te lo pasan por vía ejecutiva. Esto es terrorífico. Ya no es solo que la Administración no te pague, sino que la Administración rompe las reglas y encima te deja en una situación en la que como proveedor de la Administración no puedes concursar. Es de locos". Otra empresa del PTA, que prefiere mantener el anonimato, ha decidido devolver el dinero ante la exigencia del Gobierno.

En el caso del PTA se estima que podrían verse afectadas unas 30 empresas que han recibido préstamos por un importe total de 100 millones de euros. No obstante, el problema no solo alcanza a la tecnópolis malagueña sino al conjunto de empresas y parques tecnológicos españoles donde el Gobierno ha concedido préstamos por valor de 1.500 millones de euros desde 2007. Felipe Romera, director general del PTA y presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), asegura que están "muy preocupados y angustiados" por esta situación y que el tema se trató la pasada semana en un encuentro de la APTE en Málaga. En esa reunión se acordó enviar una carta a la secretaría de Estado para buscar una solución.

El Gobierno no ha dado una razón. Diversas fuentes hablan de problemas administrativos y burocráticos. Este diario solicitó ayer una explicación a la Secretaría de Estado de I+D+i sin obtener respuesta alguna.