El Metro enseña sus números

Siete años y medio después de que las primeras máquinas empezasen a romper el hormigón en las proximidades del Martín Carpena, el Metro de Málaga hace sus números. Lo hace meses antes de que echen a andar los trenes en un trazado parcial de los ramales de Carretera de Cádiz y Teatinos y en un escenario marcado nuevamente por la confrontación de las dos administraciones públicas implicadas en el proyecto.

Las cifras que dan forma a la realidad económica de esta infraestructura se pondrán hoy sobre la mesa en el marco de la comisión de seguimiento del Metro que integran la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad. En el encuentro, según el orden del día programado, los socios implicados discutirán no sólo sobre lo que cuesta ya esta obra (del orden de 650 millones de euros) sino también de lo que deberán aportar estas mismas administraciones cuando empiece a funcionar el ferrocarril urbano.

Un último campo que genera gran expectación, ya que los datos sobre el dinero que costará la fase de explotación, incluyendo el mantenimiento de la infraestructura y la subvención para abaratar el coste real del billete, son hasta la fecha una incógnita no desvelada. Para ello, según consta en el orden del día del encuentro, la Consejería de Fomento, dará a conocer su propuesta de la denominada tarifa técnica, que no es otra cosa que el valor real de la actuación por los viajeros proyectados.

La respuesta a este interrogante es crucial, puesto que el pacto alcanzado por las dos instituciones obliga a la Junta a aportar el 75% del montante, mientras el 25% restante recae en el Consistorio. Eso sobre el papel. El alcalde, Francisco de la Torre, sembró de dudas la posibilidad de que el Ayuntamiento cumplir lo comprometido, al abrir la semana pasada la puerta a renegociar estas condiciones.

Muestra del peso que esta fase tendrá sobre las arcas públicas es que para el presente ejercicio, la Junta ya presupuesta 29 millones para este fin, y ello cuando la entrada en funcionamiento se espera para finales de año. En Sevilla, donde el Metro funciona desde hace cuatro años, el Gobierno regional destina 50 millones este ejercicio.

Otro de los asuntos de debate será la actualización de las obligaciones financieras derivadas del convenio de 2003. De este capítulo forma parte no sólo el reparto de los costes de explotación, sino los derivados de la construcción de la infraestructura, a la que hasta el momento el Ayuntamiento no ha aportado un solo euro. La pretensión del equipo de gobierno del PP, como ya ocurriera en Sevilla, es que esas obligaciones de pago sean compensadas por otras inversiones en materia de movilidad sostenible.

El planteamiento, de partida, es aceptado por la Administración regional, que, sin embargo, exige que se demuestre que el dinero que tendría que haber ido al Metro se ha destinado a acciones de movilidad sostenible. En este punto existe discrepancia sobre el montante, por cuanto si el Ayuntamiento habla de 17 millones, la Junta lo hace de 32.

La planificación de las políticas de tráfico, transporte y aparcamiento ante la próxima entrada en servicio del Metro será también objeto de análisis. De acuerdo con las posiciones iniciales, todo apunta a que las partes chocarán, más aún después de que el Ayuntamiento haya diseñado una modificación de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) que posibilita que sus dos líneas más potentes, la 11 y la 3, amplíen su recorrido, de manera que los usuarios puedan ir desde El Palo hasta la Universidad, en el primero de los casos, y desde Puerta Blanca hasta El Palo, en el segundo. Trayectos que, a juicio de la Administración regional, puede suponer una competencia directa con el ferrocarril urbano.

La Junta contará con la presencia del viceconsejero de Fomento, José Antonio García Cebrián, mientras el equipo de gobierno del PP lo hará con el alcalde, Francisco de la Torre.