Servicios mantenidos, proyectos en el cajón

Hay maneras y maneras de hacer balance. Unas, en las que el dirigente político de turno pone sobre la mesa todas las bondades y miserias del periodo de gestión objeto de análisis, tratando de justificar del mejor modo posible estas últimas; y otras, en las que, básicamente, se da publicidad a lo mejorcito de la casa, que, aunque no sea mucho, siempre luce más. Esta última manera fue la que empleó ayer el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, para resumir el primer año de legislatura de la Junta de Andalucía.

Espejo optó, durante algo más de 20 minutos, por contarle a los ciudadanos cómo la Administración regional, en antítesis al modelo aplicado por Mariano Rajoy en el Gobierno central, ha optado por "legislar para las personas y no para los mercados". Para el delegado andaluz lo fundamental en un periodo "difícil" como el actual, es que la Junta "ha mantenido todos los servicios públicos en Andalucía y Málaga". "No hemos cerrado ni un solo centro de salud, hospitalario o educativo", destacó. Algo a tener en cuenta, enfatizó, cuando no ocurre lo mismo en otros territorios.

En su discurso, insistió en cómo en Andalucía se ha mantenido la ayuda a la dependencia, con algo más de 10,3 millones de euros en la provincia; se han llevado a cabo políticas de estímulo contra el desempleo y se desarrollan iniciativas contra la exclusión social, plan con una inversión programada de 12,3 millones y que busca garantizar tres comidas para los escolares. En esa parte de la frontera donde luce el sol, el delegado destacó el decreto por la función social de la vivienda, que abre la puerta a la expropiación temporal de pisos para evitar el desahucio de los inquilinos. Sobre ello, informó que hasta se han iniciado 67 expedientes en los que se podría aplicar esta herramienta.

Reflexiones que mezcló con alusiones a la importante de la labor de la Consejería de Turismo y críticas al Gobierno por no poner su participación en el Plan Qualifica o en valorar la "adecuada" intervención de la Junta ante el incendio forestal de Barranco Blanco y las inundaciones ocurridas en la parte final del año pasado. Y en materia cultural, al tiempo que ensalzaba el éxito de las últimas muestras del Museo Picasso, subrayaba la propuesta realizada meses atrás por el consejero del ramo para ubicar el convento de la Trinidad la biblioteca provincial.

Pero en esta manera de ver la realidad del primer año de mandato se echó en falta autocrítica. La única que hizo Ruiz Espejo fue cuando admitió que el Gobierno andaluz no puede estar satisfecho. "Mentiríamos si dijésemos que estamos satisfechos con los actuales niveles de paro", dijo. ¿Pone nota a la labor? Se le preguntó, a lo que respondió: "No creo que tengamos que ser nosotros los que nos pongamos nota; eso es lo de menos en este momento".

Más de veinte minutos después de su intervención ni una alusión al parque de Arraijanal, que condicionó durante meses el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga; al vial metropolitano, adjudicado pero sin iniciar desde hace años; al auditorio, anclado por la inacción de todas las administraciones; al AVE entre Antequera y Sevilla, pendiente de los fondos europeos; al megahospital, enterrado definitivamente; al plan turístico de Málaga capital, cercenado por la ausencia de dinero; al fracaso de las tecnocasas... Y, levemente, al Metro.

Casi como en un ejercicio para cubrir el expediente, en plena tormenta por el conflicto suscitado sobre la propuesta de pasar la Alameda y el Parque en superficie, el delegado de la Junta se limitó voluntariamente a recordar que son 90 millones de euros los consignados este año para esta obra y mencionar el grado de ejecución de las líneas 1 y 2, que alcanza el 90%.

¿Entró a valorar la pugna con el Ayuntamiento? ¿Se pronunció a favor de la posición adoptada por sus socios de gobierno, IU? Sólo al final de su comparecencia y a preguntas de los medios de comunicación presentes, Ruiz Espejo, tomó la senda marcada en los últimos días, primero, por el presidente José Antonio Griñán y, después, por la consejera de Presidencia, Susana Díaz, para insistir en la necesidad consensuar una solución que permita cumplir los compromisos.