La corrupción urbanística salpica otra vez de lleno a un equipo de gobierno de la costa del sol. El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, y buena parte de la corporación municipal fueron detenidos ayer por la Policía Nacional acusados de irregularidades en este campo, así como de blanqueo de capitales. En la operación, denominada Astapa y que la Fiscalía compara con Malaya, han sido arrestadas al menos 25 personas, entre los que se encontrarían, técnicos del Consistorio, empresarios del municipio, grandes nombres del sector de la construcción y abogados. La intervención continuaba abierta al cierre de esta edición.

La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil informó ayer en un comunicado de que el dispositivo policial, en el que participaron más de 200 agentes, se extendió también a las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián. Ésta señaló que entre los detenidos estaban "los principales responsables de la Corporación municipal de Estepona, técnicos, abogados y empresarios, a los que se vincula con delitos conectados con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales". Durante la jornada de ayer, se realizaron 38 registros domiciliarios y en sedes de empresas. "También se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas; y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Asimismo, se ha ordenado el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros dirigidos a 91 entidades de 78 personas físicas y jurídicas", precisaron.

La operación Astapa ha destapado un entramado corrupto que supuestamente alcanzaba a los principales nombres del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Estepona y cuyo origen podría encontrarse en la implicación de una de estas personas en el caso Malaya. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que, además del alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), habrían sido arrestados el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano (PSOE); la concejala de Playas, Marisa Rodríguez Pino (PSOE); la edil de Educación, María Victoria López (PSOE); el concejal de la oposición Manuel Reina (PES); el jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores; el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur; y el arquitecto municipal Arturo Cebrián, a quien unas escuchas telefónicas ya vincularon el pasado mes de febrero con la operación Hidalgo contra el blanqueo de capitales procedente de actividades delictivas.

Las acusaciones también han salpicado a los responsables de las empresas locales Codelsa y Ceano, que tenían relaciones comerciales con el Consistorio, y el empresario cordobés José Romero, propietario de Prasa y del Córdoba CF, cuya familia desmintió su arresto y precisó que únicamente había sido llamado para que aclarase "la actividad inmobiliaria de la compañía a lo largo de los últimos años en Estepona". Fuentes próximas a la empresa Valle Romano manifestaron que la sede que ésta tienen en la urbanización que lleva el mismo nombre fue inspeccionada por agentes.

Fuentes del Ministerio Público señalaron a Efe que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba "con el mismo patrón" que el de Marbella, en la misma provincia, bajo el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y han añadido que los delitos que se investigan son, en principio, los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.

Como en el caso de Marbella, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado y señalaron que en la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico.

Algunas de las supuestas irregularidades cometidas en Estepona se analizaban en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía recogido en el sumario del caso Malaya contra la corrupción en Marbella.

Los investigadores vieron "intereses ocultos" en un convenio urbanístico firmado en noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Estepona y una sociedad inmobiliaria cuyo administrador único era Óscar Jiménez, uno de los testaferros del presunto cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca.

El acuerdo, relativo a la venta de aprovechamientos urbanísticos en la zona de Bahía de Estepona, fue suscrito por Barrientos con el apoderado de una inmobiliaria imputado en Malaya y supuso la venta del 90 por ciento de la parcela a 757,1 euros el metro cuadrado y el 10 por ciento restante a 831,3 euros.

Los responsables del caso observaron un "desfase" en la valoración referida a unos 2.300 metros con la que se fijaba en un contrato privado suscrito entre la primera inmobiliaria y otra sociedad, que cifró en 2.085 euros el precio de cada metro cuadrado edificable.

La Ejecutiva Regional del PSOE andaluz decidió ayer iniciar los trámites para incoar expedientes de expulsión provisional del partido de aquellos concejales implicados en la investigación policial, lo que supondría el ocaso político de Barrientos, cuya carrera ha estado marcada por claroscuros.

La operación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, es coordinada por la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona y la Fiscalía Anticorrupción.