Málaga

Costas reconoce 2.898 ocupaciones sin autorización en la provincia

  • El dato incluye desde varios cientos de viviendas hasta establecimientos y jardines sobre dominio público Contrasta la existencia de apenas 115 ocupaciones con concesión

La tradicional estampa de construcciones ilegales diseminadas salpicando los montes de la comarca de la Axarquía, el entorno del Guadalhorce y ciertos puntos de la periferia de Málaga capital se repite a escala más reducida en el litoral de la provincia. Tanto es así que, según los datos oficiales manejados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en la costa malagueña existen 2.898 ocupaciones sin autorización o concesión "con arreglo a la legislación de costas". Es decir, que se trata de actuaciones que carecen del respaldo legal necesario.

Esta información se corresponde con una respuesta parlamentaria emitida por el Gobierno a finales del pasado mes de junio ante una pregunta del diputado nacional del PSOE Miguel Ángel Heredia. En el documento, al que tuvo acceso este periódico, se apostilla, no obstante, que se trata de ocupaciones con capacidad de obtener la necesaria autorización "al amparo del régimen transitorio de la Ley de Costas".

Un dato que contrasta sobremanera con las 115 ocupaciones que reconoce Costas que disponen de concesiones vigentes sobre dominio público-marítimo. El departamento dependiente de Medio Ambiente agrega en la respuesta que buena parte de éstas han recibido luz verde en los últimos trece años. En este sentido, se indica que entre 2000 y 2013 son 48 las concesiones otorgadas para la legalización de usos, destacando 2010, con treinta casos.

Pero, ¿con qué se corresponden estas casi 2.900 ocupaciones? El responsable de la Demarcación de Costas en la provincia, Ángel González Castiñeira, destaca que esta especie de bolsa engloba gran diversidad de casos. Viviendas, chiringuitos, jardines que se han comido parte del dominio público, vallas... Y en todos los supuestos con una situación variada, al punto de que en algunos supuestos se encuentra iniciado el proceso de normalización, por ejemplo.

"Hay casos de propiedades derivadas que quedan dentro de un deslinde, que aún no se han regularizado y necesitan los títulos; puede haber ocupaciones de propietarios que han actuado por vía de hecho, caso de jardines, terrenos o viviendas; comunidades de propietarios que al lindar con la playa deciden colocar una valla un poco más adelante de lo permitido; obras de defensa marítima, e incluso infraestructuras ejecutadas por las administraciones públicas, caso de casetas de bombeo o tramos de paseos marítimos", apunta el responsable provincial. Conforme al proceso de regularización activo, "lo normal es que esa cifra vaya disminuyendo poco a poco".

Un ejemplo palpable de una zona verde extendida sin autorización sobre dominio público fue el de la vivienda adquirida por Antonio Banderas en Marbella. A principios de este año, tras un acuerdo entre las partes, las máquinas derribaron parte del muro que rodeaba su chalé, con el objetivo de retranquearlo, destinando el espacio liberado a construir un puente peatonal para completar la ampliación del paseo marítimo que tiene en marcha el Ayuntamiento.

Pero más allá de la amalgama de usos, la realidad es que buena parte de este paquete de ocupaciones sin autorización son de uso residencial o empresarial. Muestra de ello es que a día de hoy hay alrededor de 200 chiringuitos en la provincia que o bien están sin título de concesión o bien están inmersos en el trámite de legalización.

Una situación que afecta por igual a cientos de viviendas levantadas históricamente sobre suelo de dominio público-marítimo, como es el caso del medio millar localizado en las barriadas de El Palo y Pedregalejo, en la capital de la Costa del Sol. Pero no son las únicas, puesto que, según las distintas acciones contempladas por los sucesivos gobiernos, hay otros muchos puntos del litoral malagueño donde se asientan construcciones sin autorización, caso de Caleta de Vélez, Algarrobo, Lagos, Manilva, Marbella, entre otros.

En el caso concreto de las viviendas de El Palo y Pedregalejo, González apuntó a finales de año como un momento importante del proceso, dado que será cuando se emita la orden conjunta de los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La misma deberá determinar la hoja de ruta definitiva que habrán de seguir los actuales ocupantes de las construcciones para hacerse con los títulos de propiedad. A la espera de conocer en detalle el documento, lo normal es que en el mismo se requiera a los afectados la entrega de cierta documentación que permita acreditar que son los legítimos poseedores de esas casas.

"Hablamos de recibos del IBI, algo que permita demostrar la propiedad; lo que se intentará evitar es que mañana pueda aparecer un desconocido diciendo que una vivienda es suya sin serlo", expuso el responsable de Costas, que aludió incluso a la posible existencia de casos en los que exista conflicto judicial por la propiedad. En estos supuestos, lo normal es que se opte por prever un régimen transitorio para esos casos, de tal modo que se determine la cesión final a cuando concluya el proceso judicial.

"Lo importante es señalar que estamos al final del camino", insistió. De igual modo, apuntó que la desafectación de estas barriadas se formaliza tras disponer de un informe de la Universidad de Cantabria que concluye que el oleaje del mar no llega a estos núcleos residenciales, algo que no se puede extender al resto de casos que hay en la provincia. Esos otros supuesto "habrá que estudiarlos poco a poco y ver qué solución hay".

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