La Junta pide en los tribunales la anulación del plan de las 'tecnocasas'

Nuevo frente judicial abierto entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. Al contencioso interpuesto a finales de julio por el Consistorio contra la reclamación económica que se le hace como parte de la factura de las obras del Metro, se suma ahora la decisión de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Fomento, de solicitar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la anulación del convenio de las tecnocasas.

El paso adelante dado por el organismo autonómico tuvo lugar a mediados del pasado mes de septiembre, según confirmó el delegado territorial de Fomento en Málaga, Manuel García. La determinación se produce, además, ante la negativa expresada en los últimos meses por parte del equipo de gobierno del PP a renegociar las condiciones fijadas en el acuerdo original, que data de mediados de 2005 y que incluía, entre sus principales alicientes, la construcción de pisos en alquiler destinados a jóvenes profesionales, al objeto de que pudiesen reunir en un mismo espacio lugar de residencia y trabajo.

En concreto, el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo rechazó el pasado mes de mayo aceptar la petición de Fomento para revisar de oficio las expropiaciones de fincas. En esa convocatoria, el entonces delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, dijo que el Ayuntamiento no iba a permitir que la Junta "quiera romper un convenio que fue consensuado y que comprende dotar de nuevas viviendas de protección a la ciudad".

La filosofía del modelo a implantar en el casco antiguo, al que dio forma el arquitecto Salvador Moreno Peralta, era el del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), iniciativa que, sin embargo, ni siquiera ha visto poner una sola piedra de las promociones contempladas en la zona de los arrabales, a pesar de que han transcurrido casi ocho años de la rúbrica del convenio y de que ha sido expropiadas buena parte de las fincas necesarias.

EPSA, con la presentación del contencioso, insiste en la imposibilidad de llevar a cabo un acuerdo que, cabe recordar, fue suscrito en tiempos de Concepción Gutiérrez como consejera de Obras Públicas. El devenir del mismo, lastrado por la ausencia de fondos autonómicos y por el alargamiento de los plazos de las expropiaciones de suelos y edificaciones, algo de lo que se encargaba el Ayuntamiento, se topó con la negativa de los nuevos responsables de Fomento a seguir adelante con el mismo.

¿El motivo? Según alegan es inviable económicamente construir viviendas sociales sobre los terrenos que fueron adquiridos a precio de renta libre. De acuerdo con las tesis manejadas en el seno de EPSA, parte de las cláusulas del convenio fueron incumplidas e incluso aludieron a que si la repercusión media de la compra de un solar para VPO ronda los 140 euros el metro cuadrado, en las enajenaciones realizadas en la capital la cuantía se dispara hasta los 600.

A este componente dinerario se suma el que, añaden, es imposible ejecutar viviendas sociales sobre varias decenas de parcelas cuyas enajenaciones ya fueron pagadas (hay algunas aún pendientes de abono) pero a las que el Plan General de Ordenación Urbanística rebaja sensiblemente su edificabilidad o, directamente, las reserva como zona verde o viario. Muestra de ello es lo ocurrido en Nuño Gómez, una unidad integrada por cuatro fincas (tres obtenidas por expropiación y una por permuta), que formaba parte de un conjunto mayor de parcelas. El problema es que varias fueron excluidas por petición del Ayuntamiento, que las reclamó para la casa museo de Cánovas del Castillo.

Por ello, Fomento planteó al Consistorio una revisión en profundidad de lo acordado en 2005, marcando, pidiendo que parte de las expropiaciones fuesen pagadas por el Ayuntamiento, a lo que este se ha negado hasta el momento. Incluso, el Ayuntamiento le reclama a la Junta el pago de 7 millones por enajenaciones impagadas pero ya realizadas. Una cifra de la que los responsables autonómicos sólo admiten unos 2 millones.