Málaga

Urbanismo ordenó 13 veces el arreglo de los edificios de calle Mariscal 3 y 5

  • El Ayuntamiento conocía la situación que vivían los vecinos del inmueble desde el año 1997, cuando le llegó la primera denuncia · Las sanciones impuestas a la propiedad ascienden a 40.000 euros

El Ayuntamiento de Málaga conocía la situación en la que vivían los vecinos de calle Mariscal 3 y 5 desde el año 1997, cuando uno de los vecinos presentó la primera denuncia ante Urbanismo. Desde entonces, la Gerencia que hoy dirige Manuel Díaz Guirado ha ordenado hasta en 13 ocasiones el arreglo del edificio y la realización de numerosas obras de mantenimiento, según se recoge en un expediente elaborado por los técnicos del departamento municipal.

De acuerdo con el citado documento, el Consistorio ha tardado once años en reaccionar ante las numerosas quejas vecinales. No ha sido hasta hace sólo unos días cuando ha decidido dar un paso definitivo y ha optado por sacar a concurso la venta forzosa de estos inmuebles por el incumplimiento social de la propiedad. Y lo hace por un precio inicial de poco más de 2,4 millones de euros.

En cuanto a la edificación número 5, las primeras acciones producidas por la Gerencia de Urbanismo, que tenían por destinatario al propietario del bloque, Jesús Jiménez Astorga, tienen fecha de 20 de septiembre de 1997, justo un día después de que se formalizase la primera denuncia. El informe municipal ordenaba al dueño reponer falsos techos, eliminar humedades en muros y sustituir las carpinterías exteriores. Más tarde, en 1998, le instó también a arreglar fugas en tuberías y cristales rotos, sin que se llevasen a cabo las mejoras demandadas. Ello obligó al equipo de gobierno a imponer una sanción de 112 euros a la propiedad.

Pero tres años más tarde, en 2001 las quejas y denuncias persistían. Y ante ello, la respuesta de Urbanismo no fue otra que la de seguir ordenando la ejecución de las reparaciones necesarias, que no fueron desarrolladas hasta 2003, según constata el expediente. Sin embargo, el autor de las mismas no fue el dueño, sino el propio Consistorio, que ante la desidia de la propiedad decidió actuar de manera subsidiaria y, posteriormente, pasarle una factura de 2.000 euros por el coste de las tareas.

En dos nuevos informes se observa cómo en 2006, el Ayuntamiento dio un paso adelante y amplió los trabajos a realizar a todo el bloque, pidiendo el tapiado de puertas, sustitución total del saneamiento, picado del suelo y paredes para evitar desprendimientos y reparación general de las instalaciones de agua y luz. El caso saltó entonces a la luz pública tras la denuncia realizada por el Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, que relataba las penurias que tenían que soportar los vecinos, casi todos con contratos de renta antigua, y que convivía con ratas, cucarachas, acumulación de basuras, humedades, desprendimientos, algún que otro incendio, drogadictos que ocupaban los pisos vacíos... "Era tal la situación que la Policía, incluso, desmanteló un punto de venta de droga que contaba con videovigilancia por parte de los delincuentes", dijo Gutiérrez.

En este escenario de precariedad, el Ayuntamiento volvió a impulsar las obras de reforma, incluyendo el tapiado de las viviendas vacías y la limpieza del bloque. El coste total ascendió a 31.000 euros. Además, Jiménez Astorga, propietario, fue sancionado con una multa de 18.000 euros, "dada la actitud obstaculizadora de la propiedad". En 2007, Urbanismo volvió a pedir la realización de nuevas obras. Pero la respuesta por parte del dueño fue, nuevamente, nula.

En el caso de Mariscal, 3, el recorrido fue paralelo. La única diferencia es que las primeras denuncias vecinales llegaron en el año 2000. Desde entonces, seis informes de la Gerencia de Urbanismo insistieron en la necesidad de que se efectuasen obras de rehabilitación en el inmueble y se impuso una sanción de 1.211 euros (la única que el informe del Ayuntamiento recoge que haya sido abonada) y otra de 18.000 euros, así como actuaciones municipales por valor de casi 25.000 euros.

Sin embargo, y a pesar de las evidencias mostradas por la propiedad a lo largo de los últimos once años, no fue hasta abril de 2007 cuando Urbanismo decidía declarar "el incumplimiento de la función social de la propiedad", dejando al inmueble "en situación de ejecución por sustitución". Un paso que se formalizó hace apenas un mes.

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