El Ayuntamiento de Málaga reconoce abiertamente el perjuicio económico que supone para los intereses municipales la renegociación del convenio de la Térmica. Tanto es así que el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, admitió ayer que los aprovechamientos que la ciudad recibirá por parte de Nueva Marina Real Estate a cambio de perdonarle el pago de los 58 millones de euros a los que estaba obligada no equivalen a esa cuantía.

Incluso, asumió que será necesario esperar a una revalorización del mercado inmobiliario para que los derechos que recibe para construir más de 600 viviendas en esta parcela alcancen el valor que la propia Gerencia de Urbanismo le dio a mediados de 2008 en el marco del acuerdo suscrito con la filial de Endesa. Conforme a los datos aportados ayer por Pomares, el valor del suelo entre 2007 y 2013 ha caído de media un 30%.

"Seguramente no valdrán los 58 millones; depende del tasador, pero lo lógico es que no valgan eso, porque se ha perdido un 30% de valoración de media en cualquier parte de la ciudad", afirmó el edil del PP, que no fue claro respecto a las tasaciones realizadas por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo.

El mensaje lanzado por Pomares choca de lleno con la posición que de inicio tiene el interventor municipal ante la reformulación del convenio. Al respecto, el funcionario municipal, preguntado ayer por los periodistas, admitió ciertas discrepancias con el contenido de la adenda de la Térmica. Una de ellas relacionada con la inclusión expresa en el documento a que la vigencia y plena eficacia del acuerdo "quedan condicionadas, entre otros, a que se ponga fin al proceso concursal en el que se encuentra la sociedad Nueva Marina Real Estate".

En esta misma línea, el interventor admitió que estaba a la espera de disponer del informe técnico de tasación que obligatoriamente ha de acompañar al expediente y no dejó lugar a la duda al indicar que los aprovechamientos que reciba la ciudad han de ser equivalentes a la cuantía pactada en su día entre las dos partes, los mencionados 58 millones de euros.

Los argumentos de Intervención, que serán claves para que la propuesta del nuevo convenio con Nueva Marina Real Estate vea la luz este viernes, en la Junta de Gobierno Local, no reciben una clara respuesta en las explicaciones del concejal. De hecho, Pomares dio a entender en sus manifestaciones que el equipo gobierno trata en esta operación de "jugar a las cartas a corto y medio plazo", en la idea de que los aprovechamientos que se obtengan se revaloricen con la mejoría del contexto económico.

"Estamos seguros de que el desarrollo urbanístico de ese entorno hará que la revalorización permita compensar, no en este año sino en los futuros, la cantidad que realmente tendría que haber recibido la ciudad", insistió y añadió: "Lo que en 2007 valía X ahora puede valer un 30% menos de media; ese 30% se podrá recuperar en los próximos años e incluso puede incrementarse si nos vamos a cinco, seis, siete o diez años", especuló.

A pesar de esta merma en los intereses municipales, Pomares defendió el acuerdo alcanzado, dando a entender que era la única salida factible. "El Ayuntamiento tiene que estar seguro de tomar la mejor decisión y propuesta; lo que no puede querer el Ayuntamiento es algo que no es viable", subrayó, al tiempo que consideró que obtener el 55% del derecho edificatorio de la parcela "es el mejor acuerdo en el contexto actual".

La conclusión tras meses de negociones entre las partes exime a la filial de Endesa de pagar uno solo de los 58 millones de euros a los que se comprometió en el convenio suscrito en 2008, según el cual se le permitía la construcción de 874 viviendas, 601 de ellas de renta libre y 273 de protección oficial, así como 27.000 metros de techo de uso terciario. La propuesta de adenda deja en manos municipales 29.500 metros cuadrados de techo de residencial libre, 23.200 metros de vivienda protegida y 11.000 de terciario.

El Consejo de Administración de Urbanismo sí aprobó ayer el acuerdo de permuta entre el Ayuntamiento y Nueva Marina Real Estate del sistema general delimitado en la playa, espacio de 39.000 metros cuadrados que pasarán de inmediato a manos municipales y que permitirán avanzar en la prolongación del paseo marítimo hacia la desembocadura del Guadalhorce.