El debate en la Diputación Provincial trascendió ayer de los temas que los grupos políticos proponían para su discusión en el Pleno a un terreno metafísico en un intento de definir qué se puede debatir en la institución provincial y qué no. El tiempo de intervención en la rueda de prensa se invirtió en un intento del equipo de gobierno del Partido Popular de hacer ver a la oposición que las mociones urgentes que lleven al Pleno han de ser sobre temas que sean competencia de la Diputación, como aconseja el reglamento, mientras ellos mismos presentaban una con la que pretendían instar a la Junta de Andalucía a que acometiera las obras pendientes en la provincia en materia de saneamiento. El grupo provincial socialista presentó una moción urgente sobre la reforma del aborto que promueve el Gobierno de la nación e Izquierda Unida acerca de la suspensión de la Ley de la Función Social de la Junta de Andalucía. Ninguna de ellas fue admitida para su debate por el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, por lo que los grupos abandonaron el Salón de Plenos tras su desestimación. Pero la sorpresa trascendió a su propio grupo político, pues tampoco aceptó el presidente el debate sobre el saneamiento y las infraestructuras que el Gobierno andaluz ha de realizar en Málaga.

"Cuando a Bendodo le incomoda debatir sobre algún asunto, hace un uso arbitrario y torticero del reglamento de la Diputación y veta mociones. Ya es la tercera vez que lo hace este mandato", aseguró el portavoz socialista, Francisco Conejo, una vez que abandonó el Pleno. El diputado insistió en que el reglamento de la Diputación especifica que se deben presentar "preferentemente mociones que aborden asuntos que sean competencia de esta institución", y aclaró, "pero no exclusivamente".

Los socialistas llevaron por la vía de urgencia una propuesta con la que pretendían instar a la Diputación a que la Delegación de Igualdad realizara un estudio del impacto que tendrá la reforma de la ley del aborto en Málaga -lo que consideran que sí es competencia de la institución provincial- y al Gobierno central a que paralizara su tramitación. El portavoz socialista consideró que de seguir adelante supondrá "un retroceso de más de 30 años y colocará a España como uno de los países europeos más retrógrado en materia de aborto".

Izquierda Unida, por su parte, pretendía que la corporación provincial manifestara su rechazo al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Ministros y que manifestara su apoyo a la petición de la Consejería de Fomento y Vivienda a los jueces para que no ejecuten el desahucio de las 37 familias cuyos expedientes están en tramitación, 15 de ellas malagueñas.

El portavoz del equipo de gobierno del PP, Francisco Salado, recomendó en la rueda de prensa anterior al Pleno que para debatir las mociones que los grupos políticos habían presentado, los diputados se plantearan "ir en la lista del Congreso o del Parlamento andaluz" en las próximas elecciones. Claro que en ese momento Salado no sabía que la misma frase podría aplicársela a sí mismo unas horas más tarde, cuando Bendodo tampoco admitió el debate del saneamiento integral al no considerarlo competencia de la Diputación. El Partido Popular promovía instar a la Junta a que actuara en esta materia y cumpliera su compromiso o que cediese el canon que cobra a los ayuntamientos para que ellos realizaran las actuaciones pendientes.