De los 1.400 trabajadores que tiene en plantilla el Ayuntamiento de Estepona entre personal laboral, funcionario y empleados de las empresas municipales solo 10 han solicitado el reconocimiento de compatibilidades que establece la ley para poder desarrollar una actividad al margen de la que desempeñan en el Consistorio.

Ante esta situación el alcalde, David Valadez (PSOE), se reunió ayer con los representantes de los trabajadores para comunicarles que la próxima nómina irá acompañada de un escrito en el que se informará a todos los empleados de que "el desarrollo de labores, remuneradas o no, incompatibles con una situación de incapacidad temporal podría ser causa de despido disciplinario". Es decir, no se podrá trabajar en nada si se está dado de baja en el Consistorio.

Además, según la ley 53/1984 de incompatibilidades de personal al servicio del sector público, no será posible el reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas "cuyo contenido se relacione directamente con los asuntos sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control en el departamento, organismo, ente o empresa públicos a los que el interesado esté adscrito o preste sus servicios". En este caso esta premisa afectaría directamente a arquitectos u abogados, por ejemplo, que desempeñen su función en el Ayuntamiento y tengan un despacho propio al margen en el que asesoren a sus clientes sobre materias que tengan que ver con la realización de trámites en el Consistorio.

Al margen de la citada normativa, el convenio colectivo vigente establece la obligatoriedad de solicitar "el previo reconocimiento de compatibilidad o autorización que será expresamente concedida o denegada", en el caso de que un empleado municipal quiera desarrollar trabajos privados al margen del Ayuntamiento. En el caso de no solicitarse ese permiso se estaría cometiendo una "transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza en el desempeño del trabajo, que podría conllevar, en su caso, el despido disciplinario". De este modo, todos aquellos empleados públicos que desempeñen cualquier tipo de actividad compatible con su puesto de trabajo en el Ayuntamiento tendrán la obligación de comunicarlo para obtener el permiso correspondiente.

Desde los sindicatos recibieron con buenos ojos la propuesta de Valadez. Según explicó la presidenta del comité de empresa, Estela Sánchez, "tanto la sección sindical del Ayuntamiento como la de las empresas ha denunciado esto en varias ocasiones".