Urbanismo descarta gastar este año los 2 millones reservados para el Benítez

Los dos millones de euros que el Ayuntamiento de Málaga presupuestó para impulsar la segunda fase del proyecto de adecuación del antiguo Campamento Benítez en parque quedarán guardados en un cajón hasta el año que viene. La Gerencia de Urbanismo, organismo responsable del proyecto, asume la imposibilidad real de poder emplear estos fondos, procedentes del primero de los ingresos recibidos del convenio de Martiricos, a disposición desde hace meses, a la espera de que Aviación Civil dé luz verde definitiva al plan especial que ordena los terrenos. Incluso, según fuentes del ente, no existe la previsión inicial de dar un destino distinto a estos fondos, con lo que directamente se aplazará su gasto para 2015.

Esta circunstancia va a afectar necesariamente a las previsiones económicas que el Ayuntamiento realice para el ejercicio próximo, dado que la aplicación del techo de gasto impuesto por el Gobierno central a todas las administraciones públicas, exige alcanzar unos niveles de ejecución presupuestaria muy elevados para no ser penalizados en el diseño de las cuentas próximas. Al respecto, las fuentes consultadas admitieron que el no empleo de los mencionados dos millones del Benítez "supone una afección en el porcentaje". No obstante, en la institución consideran que no es excesiva esa merma. El dinero reservado en las cuentas de 2014 para la zona verde del Benítez supone casi el 7,7% del dinero global del capítulo de inversiones del que dispone Urbanismo para esta anualidad.

La principal razón de la renuncia a esta intervención está relacionada con la necesidad de disponer previamente del informe favorable por parte de Aviación Civil al plan especial del sector. El primero pronunciamiento del organismo dependiente del Ministerio de Fomento fue negativo, al considerar que la existencia de una balsa de agua artificial en los terrenos (destinada al riego de la zona verde, principalmente) podía convertirse en un punto de atracción de aves, lo que, a su vez, podría entrar en conflicto con las operaciones de aterrizaje y despegue del aeropuerto de la capital.

Ante este varapalo, Urbanismo contrató el asesoramiento de un experto ornitólogo y una empresa especializada para la elaboración de un estudio de seguridad aérea, remitido a mediados del pasado mes de septiembre a Aviación Civil. De acuerdo con los escasos datos aportados hasta la fecha, una de las alternativas que se maneja en el documento pasa por la instalación de difusores de agua, con el fin de disuadir a las aves de acercarse a la laguna. A esto se suma, además, la insistencia de la empresa especializada en reducir al mínimo el riesgo que puede suponer para las aeronaves.

Sea como fuere, el trámite que tiene el organismo estatal para pronunciarse puede ser más que amplio. Hasta seis meses tiene para emitir informe respecto a la reclamación municipal. Y ese calendario sólo empezará a contar desde el momento en que, previamente, Aviación Civil disponga del pronunciamiento tanto de Aena como de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), extremo que, según las fuentes consultadas, aún no ha tenido lugar. Si bien esa es la hoja de ruta teórica, en el Consistorio están convencidos de que los plazos serán menores, con la posibilidad de que antes de final de año haya un pronunciamiento al respecto.