Málaga

Urbanismo abre en Villas Arenal el primer expediente sancionador

  • El organismo municipal admite que se actuará de este modo en todos los casos en que se ordene la restitución de la legalidad

La Gerencia de Urbanismo ha abierto ya el primer expediente sancionador por una de las varias decenas de infracciones urbanísticas detectadas en la urbanización Villas Arenal, en la zona de Intelhorce. Según dieron a conocer ayer desde el organismo municipal, la acción se corresponde con una de las primeras irregularidades detectadas por el ente municipal y que motivó una orden para que se restableciese la realidad alterada. No obstante, la incoación de este procedimiento no necesariamente tiene por qué culminar en una multa económica, indicaron las fuentes, que añadieron que ahora se abre un proceso de tramitación en el que se da pie a la presentación de alegaciones por parte del supuesto infractor.

El conocimiento de este asunto se produce después de la polvareda generada por las palabras de la que hasta dos semanas jefa del departamento de Protección Urbanística y Licencias Teresa Domingo, quien vinculó su destitución con su negativa a "prevaricar" en el caso de Villas Arenal. En este espacio, Urbanismo incoó más de un centenar de expedientes tras detectar la construcción de forma irregular de pérgolas, piscinas, cierre de porches y otras actuaciones.

De todos ellos, según diversas fuentes, buena parte fueron finalmente archivados bien porque se demostró que no existía tal irregularidad o bien porque las mismas habían caducado por el tiempo transcurrido desde su materialización. Actualmente, según las estimaciones manejadas ayer por Urbanismo, "se mantienen vivos" del orden de medio centenar de expedientes, de una variedad amplia. Conforme al procedimiento que ha de seguirse en estos supuesto, la previsión es que todos en los que se dicte una orden de restablecimiento de la legalidad conlleven a su vez la apertura de expedientes sancionadores. Por el contrario, la ley marca un trato más favorable para los casos en los que se constate que lo ejecutado puede ser legalizado en su integridad.

Lo que no se ha especificado hasta el momento por parte del equipo de gobierno es la situación en la que se encuentra cada uno de estos expedientes y de cuantos de ellos se ha derivado la obligación a los privados para que demuelan lo construido de forma irregular. Al respecto, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, se limitó ayer a indicar: "los expedientes siguen su curso, algunos se han quedado cerrados porque hubo restitución, en otros ha habido alegaciones... Aquí no hay historias comunes".

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