Unas 1.000 familias de Palma-Palmilla podrían verse afectadas por la paralización cautelar del reparto de comida que ha llevado a cabo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en tres asociaciones de esa barriada a la espera de que la Policía Antifraude le confirme los datos de la entidad investigada. La noticia, que junto a la detención del administrador de una de las organizaciones ha corrido como la pólvora en el distrito, ha generado preocupación entre los más desfavorecidos, que temen, según calcula el abogado José Cosín que dejen de repartirse unos 96.000 kilos de alimentos.

Los responsables de los colectivos que hasta ahora recibían esta ayuda no han tenido comunicación oficial de si seguirán participando en el programa del FEGA, por lo que la incertidumbre es notoria. La segunda fase del plan 2014 ya ha comenzado y desde hace días se espera la llegada de los camiones de Cruz Roja con alimentos.

El sentimiento de "indignación" es unánime. Y es que los portavoces de las organizaciones consultadas por este periódico consideran que "van a pagar justos por pecadores" y que la medida adoptada por el Gobierno ha sido abusiva. "No tenemos ningún aviso de que no vayamos a disponer de más alimentos, pero si fuera así movilizaría a todo el barrio. Bastante pobreza hay ya como para que paralicen el reparto de alimento y no la corrupción", se lamentó el presidente de la asociación por la integración de la comunidad gitana Palma-Palmilla, Jesús Rodríguez, quien recalcó que "luchará con dientes por los derechos de las personas".

También el portavoz del colectivo de vecinos Huerta de la Palma, Francisco Aguado, ensalzó la labor de las entidades sociales de la barriada, con la exclusividad de la que gestiona el administrador que fue arrestado, el cual ha quedado en libertad con cargos. "Hay muchos que ayudan enormemente a la comunidad. A quien se debería pedir responsabilidades es al presidente del colectivo investigado por estar lucrándose a costa de las necesidades de los vecinos de su distrito", aseveró.

Según destacó el portavoz, su colectivo vecinal ya denunció ante la junta municipal del distrito que el presidente de esa entidad "cobraba 3 euros" a los necesitados, pero entonces se hizo, precisó, "oídos sordos". "Preguntamos si se iba a consentir estos hechos en un espacio público. Nos dijeron que no había pruebas", se lamentó Aguado.

La medida cautelar adoptada por el Gobierno, que supone la suspensión temporal de tres entidades, derivará, según Cosín, en el desbordamiento de otros comedores, caso de Er Banco Gueno, que no podrá "hacer frente a la avalancha de usuarios".

Su coordinador explicó que el almacén está "bajo mínimos". "Han hecho una barbaridad paralizando el reparto de tres entidades. Nos preguntan a diario cuándo empezaremos a repartir. No podemos abastecer a todas las familias", subrayó.