La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga buscan en los tribunales una salida al conflicto que protagonizan desde hace varios años en relación a la ocupación de las antiguas dependencias de la Gerencia de Urbanismo en la calle Palestina. El inmueble, propiedad de la Administración regional, pretende ser recuperado para su uso por la Consejería de Fomento, sin que las numerosas peticiones realizadas a la institución municipal hayan surtido efecto.

Tanto es así que tras tramitar un procedimiento de desahucio, el equipo de gobierno del PP optó por acudir a los tribunales, presentando un recurso contencioso-administrativo. Y, de momento, esta acción le es favorable, dado que ha logrado una primera resolución por parte de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con fecha 5 de noviembre, que suspende de manera cautelar esa ejecución.

La cuestión fue puesta ayer sobre la mesa por el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, en el marco de la Comisión municipal de Ordenación del Territorio. Ante una moción presentada por el PSOE sobre la transferencia a manos del Ayuntamiento de 35 kilómetros del carreteras del Estado, el edil del PP acusó a la Administración regional de querer "desahuciar" al Consistorio. Actualmente, este edificio es ocupado por la Orquesta Filarmónica de Málaga, el servicio de Calidad y Atención al Ciudadano de Urbanismo, aulas de formación municipales y actividades de deportes para mayores del barrio.

Ante la alusión de Pomares, el portavoz de IU en la Casona del Parque, Eduardo Zorrilla, respondió. Y lo hizo acusando al concejal de "falsear" los hechos. Incluso, aseguró que tras las demandas de Fomento, el Ayuntamiento, "a toda prisa, le buscó acomodo en estas instalaciones, que estaban prácticamente vacías, a asociaciones para justificar su no reversión, es su actuación torticera".

La prórroga del contrato de cesión de las dependencias de la calle Palestina venció el 1 de enero de 2013, fecha desde la que el Ayuntamiento se niega a abandonarlas. De este vencimiento fue informado el Consistorio, según una respuesta parlamentaria emitida por Fomento, en marzo de 2011 , señalándole "la intención de no proceder a la renovación del contrato de arrendamiento" de estos locales una vez concluido el plazo establecido.

La consejería insistió el 24 de octubre de 2012 con un segundo escrito, reiterando "la voluntad expresa" de "no proceder a la renovación del contrato". De acuerdo con los documentos autonómicos, una vez vencida la ampliación "el contrato quedaría resuelto, por lo que el Ayuntamiento debía cesar en su ocupación y proceder a su correspondiente desalojo".

Ante esta situación, el entonces delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, contestó poniendo de relieve que el uso de estos locales seguía siendo "imprescindible" para la Administración municipal.