Málaga

El Metro y poco más

  • Susana Díaz pone fin a una acortada legislatura en la que el principal éxito atribuible a la Junta en materia de infraestructuras en Málaga se circunscribe al suburbano

Oficializado el adelanto electoral para el próximo 22 de marzo, jornada en la que todos los andaluces deberán pasar por la urna de turno para depositar su papeleta, cabe hacer recuento no tanto de lo hecho en esta acortada legislatura, sino de lo que se deja por hacer en la plaza malagueña. El principal éxito atribuible a la Junta de Andalucía en los poco menos de tres años de mandato se circunscribe, en lo que a infraestructuras se refiere, al Metro de la capital de la Costa del Sol. La recuperación del proyecto cuando fenecía en Callejones del Perchel, sin solución de continuidad, el diseño de las bases presentes y futuras sobre las que asentar el desarrollo inmediato del ferrocarril urbano y su inauguración a mediados del pasado año ponen el acento en una gestión que, por lo demás, sigue campando por su ausencia.

Los aplazamientos continuos en los plazos de los nuevos hospitales comprometidos años atrás en la zona del Guadalhorce y Ronda se suman a la ausencia de respuestas positivas sobre algunas de los históricas promesas autonómicas, caso del parque metropolitano en los suelos de Arraijanal, sin avance alguno desde que fue puesto sobre la mesa por el entonces consejero de Ordenación del Territorio Juan Espadas hace ahora más de cinco años, o el corredor ferroviario de la Costa del Sol, del que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sólo ha hablado para mencionarlo en el largo listado de obras a financiar con el bautizado como Plan Juncker. Pero siendo el suburbano el elemento catalizador del periodo transcurrido desde los comicios de 2012, el actual adelanto electoral siembre numerosos interrogantes sobre el devenir más inmediato del mayor proyecto en la historia de la provincia y, podría decirse, que de la región.

Los más de 600 millones de euros ya invertidos en la infraestructura ponen de manifiesto el peso de una obra que, a pesar de estar parcialmente en marcha, requiere de su llegada al Centro y a la zona norte de la urbe para garantizar su supervivencia. Los acuerdos firmados a finales de 2013 incidían justamente en la necesidad de alcanzar estos puntos geográficos a finales de 2017. Y dichos compromisos sólo tienen una adjudicataria, la Junta de Andalucía. No Izquierda Unida, como responsable directa de la Consejería de Fomento hasta la fecha presente, no el PSOE, como principal formación en el Gobierno andaluz. Un matiz a tener en cuenta dado el estado de incertidumbre que ahora parece abrirse respecto a las decisiones más inmediatas del Metro. La primera de ellas pasa irremediablemente por contratar las obras del suburbano desde el río Guadalmedina hasta la futura estación Atarazanas, que estará localizada en el lateral norte de la Alameda Principal.

Tras un impás de más de un mes y resueltas las dudas surgidas en el seno de Fomento respecto a las ofertas económicas formuladas al concurso, corresponde al futuro nuevo responsable de la consejería tomar una determinación rauda, convocando en el menor plazo de tiempo posible el consejo de la Agencia de Obra Pública de Andalucía para disponer la adjudicación del tajo a la constructora mejor valorada por la mesa de contratación. La pieza posterior, la prolongación del ramal de Carretera de Cádiz en superficie hasta el entorno de los hospitales Civil y Materno Infantil queda tocado de lleno por la necesidad de esperar no sólo al resultado de las urnas en el escenario autonómico, sino también en la esfera municipal. De las citas del 22 de marzo y de 24 de mayo, respectivamente, surgirán los ejecutivos a los que corresponderá limar los detalles finales para hacer posible la llegada de los trenes a esta zona de la ciudad en el plazo contemplado y pactado.

El incumplimiento de esta parte de los acuerdos haría zozobrar de nuevo un proyecto que parecía encarrilado. La afección de ello, ahora solo en la fase de hipótesis, podría ser mayor aún y transcender de las fronteras del suburbano malagueño, dado que tocarían de lleno al Banco Europeo de Inversiones (BEI), ente con lazos de financiación en decenas de proyectos andaluces y que, de seguir adelante, tendrá un papel clave en el Plan Juncker, al que Díaz pide del orden de 13.200 millones.

Otro de los asuntos que queda en el aire es de reciente nacimiento: el Plan Andaluz de la Bicicleta y el acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Málaga. El mismo obliga a la Administración autonómica a ejecutar más de 51 kilómetros de plataformas reservadas para las dos ruedas en los próximos dos años, mientras que el Consistorio ha de asumir la construcción de otros 17 kilómetros en ese mismo periodo. Si bien los convenios exigen a las dos partes, no puede ignorarse que una variación en los integrantes del Gobierno andaluz ahora y, especialmente, a partir del 22 de marzo podría tener incidencia sobre el documento.

Algo semejante puede decirse del acuerdo de las tecnocasas, anulado en su estructura original por IU a su llegada a la Consejería de Fomento, pero que estaba siendo objeto de una importante modificación para sacar adelante alguna de las actuaciones contempladas. Tras meses de contactos, tanto desde la Administración regional como desde el Consistorio se apuntaba la cercanía de un consenso que hiciese posible el rescate parcial de algunos de los proyectos residenciales. Ello, sin embargo, queda ahora en el limbo a la espera de nuevos interlocutores.

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