Málaga

El Consistorio hará dos sondeos antes de poner la pasarela del Guadalhorce

  • La Junta deberá autorizar los trabajos de estudio del suelo para calcular la cimentación

El Ayuntamiento de Málaga deberá realizar dos sondeos en el entorno de la desembocadura del río Guadalhorce para calcular la cimentación que deberá tener la pasarela de madera prevista en la zona, que permitirá ir caminando o en bici desde la capital hasta Torremolinos, dentro del proyecto de la llamada senda litoral que promueve la Diputación provincial de Málaga.

La Gerencia Municipal de Urbanismo, que será la encargada de redactar el proyecto de ejecución y licitar las obras una vez que se cuente con todos los permisos, ya ha solicitado autorización a la Delegación provincial de Medio Ambiente que ha pedido al Consistorio que especifique los puntos donde se precisan realizar los ensayos y aclare la maquinaria a utilizar y la forma de acceso a los mismos.

Una vez que se cuente con los permisos de la Junta, preceptivos al tratarse de un paraje natural, fuentes municipales confirmaron a este periódico que está previsto que los sondeos se realicen en cada extremo de la ubicación de la pasarela, es decir, uno en cada estribo del vano principal con objeto de caracterizar los terrenos.

Los trabajos se enmarcan dentro del estudio geotécnico que sirve de base para calcular la cimentación de la pasarela. Sin embargo, aún no está claro dónde se ubicará con exactitud, puesto que la propuesta planteada por el Ayuntamiento de la capital y la Diputación se encontró con el rechazo frontal de parte de los técnicos de la Delegación provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por considerar que se podía afectar al paraje natural y a las especies que habitan en el entorno, como también advirtieron varios colectivos ecologistas. Y todo eso, pese a que tanto el delegado del Gobierno andaluz en Málaga , José Luis Ruiz Espejo, como el entonces responsable provincial de Medio Ambiente, Javier Carnero, mostraron públicamente su apoyo al proyecto.

La idea que presentaron las instituciones contemplaba construir la estructura de madera sobre el río a la altura del estadio de atletismo, en el entorno del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Según defendieron, la localización elegida hacía posible que la pasarela quedara fuera del dominio público marítimo-terrestre, evitando de ese modo la necesidad de contar con el visto bueno del Gobierno central. De hecho, se pretendía conectar el paseo marítimo Antonio Banderas, continuando por el antiguo puente del ferrocarril y bajar de nuevo en dirección a la playa hacia Torremolinos.

Pero los técnicos de la delegación provincial de Medio Ambiente consideran que una pasarela de madera de 260 metros de longitud, de tres metros de ancho y de 150 toneladas de peso, cerca de la laguna podía suponer un gran impacto para este espacio protegido y plantearon retranquear el puente hasta la autovía, algo que no convence ni al Ayuntamiento ni a la Diputación.

De hecho, ambas administraciones defienden que el diseño original contempla incluso que el nuevo puente cuente con cinco vanos o huecos, el central con 66 metros de longitud para saltar el Guadalhorce sin tocar el cauce, y evitar así riesgos en el caso de que el caudal crezca como consecuencia del desembalse de los pantanos o fuertes lluvias.

Sea como fuere, lo que está claro es que no se cumplirán los plazos inicialmente fijados y que contemplaban que en el primer trimestre de este año la pasarela estuviera operativa para poder circular en ambas direcciones sin tener que bordear la desembocadura, como hasta ahora.

El plazo de ejecución previsto para este proyecto es de dos meses y medio desde que se reciban las autorizaciones pertinentes por parte de la Junta de Andalucía. La Diputación pretende que sea una de las construcciones de este tipo más importantes de Europa y usará la madera de pino silvestre por su mayor conservación y menor impacto en el entorno natural protegido.

Los 1,5 millones de euros en los que fue valorado el proyecto, serán asumidos a partes iguales entre la Diputación y el Ayuntamiento de la capital.

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