El proyecto del anillo ferroviario de Antequera se topa con un obstáculo que puede lastrar de manera definitiva su impulso. La Comisión Europea anunció ayer la apertura de una investigación "pormenorizada" con el fin de determinar si la financiación solicitada para la construcción de esta infraestructura, cuyo valor se estima en unos 358,6 millones de euros, es "compatible" con las normas que aplica el estamento comunitario para que este tipo de iniciativas se beneficien de fondos europeos.

"Se considera dudoso que el proyecto persiga un objetivo de interés general", sentencian desde Bruselas. Este procedimiento ve la luz de acuerdo con las nuevas normas en materia de ayudas públicas de la que se dotó el ente europeo a partir de 2014 y que, a tenor de lo conocido ahora, puede poner en jaque la opción de que el anillo se beneficie de fondos europeos a futuro.

A través de un escrito, el órgano admite tener "dudas sobre si el proyecto persigue un objetivo de interés general genuino". Por ello precisa que la citada investigación ha de permitir que las partes interesadas puedan formular sus observaciones. Este paso se produce después de entender como insuficiente la información facilitada desde finales del pasado año por parte del Gobierno español, ya que la misma "no basta para determinar si la infraestructura estaría a disposición de todos los usuarios potenciales de la UE en condiciones de acceso abierto y no discriminatorio". De acuerdo con los datos ayer aportados, las previsiones que se manejan en relación con la financiación pública del anillo indican que el mismo "será predominantemente deficitario".

"No está claro que la financiación pública del proyecto vaya a suponer un estímulo para que los inversores privados aporten financiación complementaria y compartan los riesgos del proyecto", añade. Por ello, apunta que la ausencia de estos actores privados "acarrearía que previsiblemente no se cumpla la intensidad máxima de ayudas, es decir, la proporción de los costes de inversión subvencionables con arreglo a las normas sobre ayudas estatales".

Una realidad que queda plasmada, primero, en la ausencia de empresas interesadas en el primero de los concursos abiertos por el Ministerio de Fomento para la construcción y explotación comercial del circuito de pruebas, a mediados de 2013. Este renuencia se mantiene hasta el momento, de acuerdo con el propio testimonio de la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien viene señalando que por el momento no hay actores privados dispuestos a asumir el coste de la actuación.

Conforme a lo expuesto por la Comisión Europea, queda en entredicho el compromiso del Ejecutivo de no aportar dinero público a este proyecto. El organismo comunitario explica que en septiembre de 2013 las autoridades españolas notificaron su intención de conceder ayuda a la construcción de un circuito ferroviario en el que los fabricantes podrían realizar pruebas de trenes de alta velocidad y equipos afines a velocidades de hasta 520 kilómetros por hora. Para ello, se previó que la financiación pública cubriese íntegramente los costes de inversión, procediendo el "grueso" del Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), con unos 215 millones, "y el resto del presupuesto español".

En este escenario, Bruselas evaluó el proyecto en virtud de la normativa en materia de ayudas públicas destinadas a las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). De ello se desprende una primera investigación que pone de manifiesto "que la demanda de ese tipo de centro de ensayos ferroviarios es escasa, siendo la oposición de la sociedad bastante enérgica, especialmente por cuestiones ecologistas". Razón por la cual, la comisión pone en duda que el proyecto "persiga un objetivo de interés general".

Otra de las cuestiones que sitúa sobre la mesa el organismo europeo es hasta qué punto ese apoyo con financiación pública puede suponer para el anillo ferroviario "una ventaja selectiva con respecto a otros centros de ensayo de trenes de alta velocidad en la UE que funcionan sin ayuda estatal".

Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) puntualizaron ayer que la citada investigación "no prejuzga los resultados de la misma" y se enmarca en el proceso de consultas efectuadas en los últimos meses por parte de la Comisión Europea. "Será necesario esperar a que dicha investigación concluya para que, en función de los resultados obtenidos, Adif tome las decisiones oportunas que pudieran derivarse de los mismos", añadieron desde el organismo estatal por medio de una nota, en la que, además, se destacaba que la viabilidad económica del proyecto "está estrechamente vinculada al grado de implicación del sector privado".

Esta es la segunda ocasión en la que desde Europa se investiga este proyecto. La primera, conocida a mediados de 2013, estuvo relacionada con su posible afección sobre el medio ambiente. En esas fechas el comisario de Política Regional, Johannes Hahn, dijo que la comisión estaba investigando si el circuito se ajustaba a la legislación medioambiental comunitaria.