Los vecinos de Lagos tienen tres poderosas razones por las que consideran que el Ministerio de Medio Ambiente no puede llevar a cabo el deslinde del dominio público marítimo terrestre que está tramitando la Dirección General de Costas en el núcleo veleño. La asociación La Bajamar estudia impugnar el proyecto del organismo público e incluso iniciar la vía del contencioso administrativo si sus alegaciones no son estimadas en el trámite de audiencia.

El colectivo vecinal considera que el procedimiento abierto a las centenarias viviendas que conforman la fachada litoral de Mezquitilla, Lagos y San Daniel contiene "errores de bulto" en base a la misma Ley de Costas.

La primera tiene que ver con la construcción del puerto de Caleta de Vélez. Según el presidente de la asociación, Miguel Ángel Sánchez, no es de recibo que el Ministerio de Medio Ambiente "proceda a deslindar un tramo de costa que previamente ha sido ya alterado por la construcción de una obra pública". De hecho, el colectivo culpa a la infraestructura portuaria del deterioro de la línea costera con la consecuente degradación de la playa. "No sólo consideramos una incongruencia de la administración que pretenda responsabilizarnos de algo de la que ellos son culpables, sino que pedimos el cumplimiento de acciones correctoras para la recuperación de nuestras playas", argumenta.

Además consideran inoportuno que el proyecto trace la línea por encima de las viviendas, y no por debajo de éstas, haciéndola coincidir con la ribera del mar o límite de zona marítima terrestre como establece la Ley de Costas. Según la documentación registral y catastral, éstas nunca han estado incluidas en la franja costera.

"Aunque más grave aún es que, en la tramitación del expediente no se haya citado a los vecinos cuyas propiedades se encuentran al norte de la N-340, que quedan ahora incluidas, según el proyecto de Costas, dentro de la zona de servidumbre o tránsito y, por consiguiente, pierden algunos derechos importantes", remarca.