Anular el contrato del Metro obligaría a la Junta a pagar hasta 830 millones

Como todo gran proyecto objeto de la bautizada como colaboración público-privada, el Metro de Málaga esconde una letra pequeña que pone de relieve las ventajosas condiciones de las que disponen los socios privados vinculados a esta infraestructura. Asumido desde hace años la ausencia de riesgos significativos para las empresas implicadas en la iniciativa, caso de FCC y Globalvía, entre otras, dada la obligación por parte de la Junta de Andalucía de inyectar decenas de millones de euros a modo de compensación, ahora se conoce la existencia de ciertas cláusulas en el contrato por las que la sociedad concesionaria, Metro Málaga, podría llegar a ser compensada con hasta 830 millones de euros en el supuesto de que se suspendiese la concesión.

De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso este periódico, el pliego de condiciones administrativas que rigió el concurso para la adjudicación de construcción y explotación del suburbano de la capital de la Costa del Sol establecía las causas específicas de la resolución del contrato y el modo en que calcular las sumas económicas con las que sería indemnizada la parte privada. Incluso si la anulación de esta relación contractual fuese imputable a ella.

Desde el punto de vista económico, el escenario más gravoso tendría lugar si dicha resolución fuese por causas imputables a la Administración regional durante el periodo de explotación, en el que ya nos encontramos. Según la información oficial, el valor patrimonial de la inversión que se tomaría en consideración para una hipotética compensación alcanzaría a 31 de diciembre de 2014 los 830.330.172,80 euros (512.678.340,09 euros en 2013). De esta cuantía final formarían parte "los beneficios esperados el plazo restante de la concesión".

La suma económica difiere de manera más que considerable de la compensación a la que tendría derecho la sociedad adjudicataria en el caso de que la anulación de la actividad estuviese motivada en su propio incumplimiento. Para ese supuesto, el valor patrimonial de la inversión que se toma en consideración es de 395.714.718,74 euros a 31 de diciembre del año pasado.

Esta cifra es resultado de aplicar el valor de las obras realizadas (conforme al precio final reconocido por la Administración deducida la cuota de amortización), la adquisición de bienes necesarios para la explotación de la concesión deducida la cuota de amortización acumulada contabilizada en función del número de años que corresponda. De lo anterior se deducirían las aportaciones (subvenciones) de las administraciones a fondo perdido realizadas durante el periodo de construcción neto de las amortizaciones contabilizadas.

La tercera de las variables introducidas en caso de resolución del contrato sería "por fuerza mayor durante el periodo de explotación". En este supuesto, se indica que la concesionaria, además de la devolución, tendría derecho a una compensación por el valor patrimonial de la inversión y "otros gastos tales como gastos de constitución de la concesionaria, gastos financieros capitalizados, netos de amortizaciones y gastos financieros pendientes de pago, incluyendo los derivados de la resolución anticipada de los contratos de financiación, coberturas de intereses o similares, de dirección de obra y estudios y proyectos".

Asimismo, "tendrá derecho a percibir de la Administración el valor actual neto de los beneficios esperados en los próximos cinco años actualizados a una tasa TIR del capital propuesto en el plan económico-financiero". Con todo ello, la cifra estimada a 31 de diciembre de 2014 sería de 564.666.278,42 euros.

Todo ello no hace más que constatar la ausencia de riesgo y ventura por parte de las empresas privadas inmersas en este proyecto. A los datos antes mencionados, cabe añadir el hecho de que el propio contrato de concesión obliga a la Junta a disponer el dinero necesario para que la empresa concesionaria pueda cumplir con los pagos al Banco Europeo de Inversiones (BEI), de quien ha recibido unos 325 millones de euros para la construcción de la infraestructura. "Mientras el contrato de crédito con el BEI permanezca en vigor, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se compromete a realizar en favor de la concesionaria las aportaciones económicas necesarias para que ésta atienda cualesquiera obligaciones de pago asumidas en virtud del contrato de crédito", resalta el contrato.