Las piezas del caso de Lucía Garrido, cuyo cadáver fue hallado con signos de violencia en la piscina de la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre en abril de 2008, comienzan a encajar. Ocho años después, la Guardia Civil ha detenido al que considera que fue el autor material del crimen. El arresto tuvo lugar ayer por la mañana en Mijas, según informaron desde el Instituto Armado poco después.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga ha decretado este miércoles el ingreso en prisión incomunicada y sin fianza del detenido.

El desarrollo de la investigación, junto con el avance de las técnicas en materia de identificación desarrolladas por el Servicio de Criminalística del Cuerpo, han permitido determinar la identidad del supuesto responsable de la muerte. La operación está declarada secreta y no se descartan nuevas actuaciones.

Asimismo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Málaga, que ha mantenido un papel activo en este caso, mostró su satisfacción por la detención del presunto autor de la muerte de la mujer y recordó que la perseverancia de su denuncia ha permitido que siga abierta la investigación. El colectivo pide el total esclarecimiento del caso "para que todo el peso de la justicia caiga sobre quien corresponda". Desde el colectivo recordaron, en este sentido, las "trabas y muestras de desprecio que los representantes han sufrido por parte de los mandos" en la Comandancia.

El cadáver de Lucía apareció con contusiones y un corte en la yugular. Su ex marido tenía coartada. Las cámaras de varias estaciones de servicio le grabaron la mañana en que fue muerta. Fuentes cercanas a la investigación precisaron a este periódico que el detenido de ayer no es la ex pareja de la víctima, a quien se imputó en 2013 por el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Málaga por un delito de homicidio y malos tratos habituales. También la Audiencia de Málaga ordenó a finales de ese año que se investigara la conexión que existía o pudiera existir entre su caso y la muerte de los dos colombianos en la finca en la que fueron abatidos a tiros por el ex compañero sentimental de la mujer, y propietario de la parcela, en 2009, justo un año después de que Lucía Garrido apareciera muerta.

En aquella ocasión, el hombre reconoció la autoría de los disparos, que habría efectuado, aseguró, en defensa propia. El caso se cerró sin juicio alguno, el mismo guión que se había producido inicialmente con el crimen de su ex mujer. Pero un informe remitido en 2015 por el Sevicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil reflejaba la posible relación entre los tres asesinatos y agentes del propio Instituto Armado. Los nuevos datos de la investigación, además de suponer un vuelco sobre la muerte de los dos colombianos, "sostendrían y arrojarían más sentido aún si cabe al móvil del crimen de Lucía", según recogía el documento. De hecho, los investigadores iban más allá y apuntaban directamente a que en la planificación del crimen de la mujer "pudo igualmente existir la presencia de uno o varios agentes de la Guardia Civil directamente vinculados al tráfico de drogas".

La vinculación apuntada por esta unidad se refiere a que la finca de Los Naranjos "pudiera verse involucrada en asuntos turbios relacionados con el tráfico de armas y/o drogas". Tanto es así que el SAI señalaba en su informe que "se infiere que la misma pudiera ser permanentemente utilizada como guardería (almacén) de estupefacientes por parte de ciertas organizaciones criminales". Asuntos Internos considera que de estos hechos Lucía "era testigo directo y presencial, lo que lo convierte en motivo suficiente para que ésta representara una amenaza".