De la Torre se planta con el Metro

El conflicto por el Metro de Málaga se acentúa. Tras un aparente acercamiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para impulsar la llegada del ferrocarril urbano al entorno del Hospital Civil, la ruptura vuelve a quedar patente. El alcalde, Francisco de la Torre, lanzó ayer un órdago con pocos precedentes al afirmar que no volverá a sentarse a la mesa a hablar con la Administración regional sobre el proyecto del suburbano hasta que no se acuerden los detalles de la adenda mediante la que actualizar y modificar las condiciones del convenio del año 2003. "Para sentarnos a hablar tiene que estar la adenda resuelta", sentenció.

Un paso que, tal y como quedó patente en la entrevista publicada por Málaga Hoy el pasado domingo, el consejero de Fomento, Felipe López, no piensa dar antes de que el Consistorio dé luz verde a la llegada de los trenes en superficie a Eugenio Gross y Blas de Lezo. "La adenda tiene sentido sobre el trazado final, si no no tiene sentido; ¿cuál es el momento procesal oportuno? Cuando entreguemos el trazado constructivo al Ayuntamiento. Ese es el momento", dijo López en la entrevista, en la que, al ser preguntado sobre el supuesto de que el Ayuntamiento no acepte la propuesta de trazado, añadió: "Si uno lee el objetivo de la adenda ese, si me va a cuestionar el objetivo fundamental que es el trazado, qué adenda vamos a firmar".

Las palabras del titular de Fomento provocaron ayer la reacción airada del regidor, que se plantó y exigió antes de abordar las cuestiones pendientes sobre el ferrocarril urbano un acuerdo cierto que permita rubricar un documento en el que plasmar las nuevas condiciones económicas a las que ha de responder el equipo de gobierno del PP en los próximos años. "No vale prolongarlo más; no cabe la respuesta que el consejero ha dado", dijo el regidor, que llegó a preguntarse si el Ayuntamiento ha sido "engañado" por la Junta cuando dio su aval al protocolo mediante el que, a finales de 2013 se logró desbloquear el crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para poder abrir el Metro en julio de 2014.

Conforme a los acontecimientos, en este nuevo escenario de batalla ambos contendientes tienen razones que exponer. Y en ambos casos agarrándose a la literalidad del protocolo de intenciones firmado a finales de 2013. De la Torre alude a que el citado documento, en su acuerdo segundo, se subrayaba el compromiso de las dos partes de suscribir la adenda "con anterioridad a la puesta en explotación" del Metro, extremo incumplido. El consejero de Fomento aduce, en los mismos términos, que la adenda que está pendiente de ser formalizada debe reflejar "administrativamente la modificación del trazado" incorporado al protocolo y consistente, de un lado, en la llegada a la calle Torregorda bajo tierra y, de otro lado, en superficie hasta el Hospital Civil.

De que este asunto quede desbloqueado dependen cuestiones sustanciales para la economía del Consistorio. "En relación a las liquidaciones practicadas en base a la inversión realizada, se aplicará un mecanismo de compensación de la aportación dineraria a cambio de inversiones municipales e movilidad sostenible", señala textualmente el protocolo de 2013. Una cuantía que, a la fecha, alcanza los 32 millones de euros, a los que pueden añadirse en las próximas semanas otros ocho millones más de otras liquidaciones. Una parte de la jugada global en la que la distancia es amplia, dada la negativa de la Junta a aceptar la inclusión de la compra de autobuses de la EMT.

A este primer elemento hay que agregar el correspondiente al porcentaje de los costes de explotación del suburbano que ha de satisfacer el Ayuntamiento conforme al convenio de 2003. El planteamiento municipal pasa por minimizar la carga económica sobre las arcas municipales y por tomar como referencia el proyecto original, cuyo coste rondaba los 400 millones, y no el final, que previsiblemente alcanzará los 780 millones. Sobre ello, es de destacar que las prenotificaciones que estaba preparando la Junta para enviar al Ayuntamiento por los 17 primeros meses de funcionamiento situaban la demanda económica en unos 4 millones, frente a los 66 que asume la Administración regional.

Para el alcalde, el Gobierno andaluz tiene un compromiso "enorme con este tema de la adenda", con lo que "no puede ahora decir que de esa forma se resuelve". "Tienen que actuar en consecuencia con lo que entonces se dijo", agregó, criticando que no haya habido respuesta por parte de Fomento a los escritos en relación a este tema.

A la espera de que se pueda avanzar en esta senda, la posición de partida del equipo de gobierno del PP es clara. El documento que perfile el contenido del convenio de 2003, según De la Torre tiene que respetar los compromisos "en la cuantía prevista" hace ahora 13 años, rechazando de plano que las modificaciones presupuestarias "que se pudieran deducir de un escenario nuevo, absolutamente ajeno a la responsabilidad municipal, donde no hemos tenido nada que ver".