La negociación de conflictos

Cuarto menguante

Para muchos observadores neutrales, el debate en torno a la investidura de Pedro Sánchez ha alcanzado un nivel de excelencia dialéctica que hacía tiempo no se veía en el Congreso.

Joaquín Aureoles

06 de marzo 2016 - 09:09

Los malagueños asistimos estupefactos a dos casos ejemplares de negociación. Uno, junto al resto de los españoles, para intentar formar una mayoría de gobierno a base de la concentración de minorías. El otro, la huelga en la recogida de basuras de la ciudad, que más bien parece un caso característico de conflicto de intereses entre organizaciones disfrazado de conflicto laboral.

Para muchos observadores neutrales, el debate y el conjunto de la tramoya levantada en torno a la investidura de Pedro Sánchez ha alcanzado un nivel de excelencia dialéctica que hacía tiempo no se veía en el Congreso. Unos mejor que otros, dependiendo de las sensibilidades, pero, salvo para aquellos con los juicios formados antes de las intervenciones, la impresión general es que nadie ha fallado. Discursos sólidos y contundentes incluso en sus contenidos provocadores, a la vista de sus efectos irritantes sobre los provocados, aunque insuficiente para alterar las posiciones de partida previas al inicio del debate.

De lo visto hasta ahora se deduce que no han sido frecuentes las consultas a los manuales sobre estrategia de negociación. Cualquiera de ellos sentenciará, por ejemplo, que hay juegos donde no se puede ganar si no hay apuesta, lo que hace incomprensible la actitud del Partido Popular de pretender ganar una partida con un bote tan importante sobre la mesa sin abrir el juego, dejando el control de la situación a los contrincantes y aceptando un papel secundario en la solución final. También recomiendan los manuales contundencia en el tratamiento del problema, pero evitando los ataques personales al contrincante e incluso las acusaciones de culpabilidad, salvo que la desestabilización forme parte de la estrategia negociadora. En este caso caben planteamientos de lo más diverso, como la desautorización del negociador, el alargamiento de la discusión negando las urgencias o el planteamiento de demandas iniciales excesivas; pero si el esfuerzo negociador es sincero y honesto, una recomendación eficaz es la de distinguir entre posiciones e intereses.

La cuestión es que la elaboración de un correcto diagnóstico sobre las causas determinantes de las diferencias de posiciones puede ser insuficiente para facilitar el acercamiento. Todos los partidos han invocado durante las últimas semanas en algún momento los valores políticos comunes para persuadir a otros en la formación de una mayoría constitucional, de cambio o de izquierdas, aunque los resultados hasta ahora han sido decepcionantes, posiblemente debido a una errónea interpretación de los intereses subyacentes.

Obviamente cuando los intereses son conocidos y conciliables, es decir, no conflictivos, la posibilidad de acuerdo aumenta considerablemente, incluso sin necesidad de modificar sustancialmente los objetivos originales, aunque la realidad suele ser más compleja. Por poner un ejemplo sin ningún otro fundamento que el de algunas denuncias, casi siempre sesgadas, en tertulias políticas y medios de comunicación, el interés oculto tras la posición negociadora de Podemos frente al PSOE podría ser el de convertirse en primera fuerza política de la izquierda. De acuerdo con esta elucubración, el verdadero objetivo de la oferta de gobierno de coalición podría ser el de hacerse con el control de la información y la movilización ciudadana con el fin de alimentar la proliferación de parlamentos populares alternativos a las Cortes o evocadores del 15-M y evitar el obstáculo de la mayoría popular en el Senado o de la dificultad para encontrar apoyo suficientes en el Congreso de los Diputados a sus declaradas intenciones de impulsar un nuevo proceso constituyente. Si este fuera el caso, y en el supuesto de que cada negociador pudiera conocer o intuir los intereses subyacentes tras la posición negociadora del contrario, la única formar de desatascar el embrollo y aproximar posturas sería la modificación de los intereses o su aplazamiento. En el ejemplo utilizado, el cierre de la negociación y la formación de un gobierno socialista obligaría a Podemos a modificar sus intereses. En concreto el aplazamiento de su pretensión de convertirse en la fuerza hegemónica de la izquierda, a cambio de facilitar un gobierno ideológicamente cercano y deudor del apoyo recibido.

El caso de la negociación entre el Ayuntamiento, Limasa y los trabajadores de la limpieza y la basura en Málaga es bien diferente. Si la remuneración del colectivo es tan elevada como señala el Ayuntamiento y el conflicto se plantea por el calendario de pago de los 1.431 euros anuales de la paga de productividad, resulta evidente que, por mucho que se disfrace como conflicto laboral, los intereses subyacentes son de naturaleza muy diferente. En total un millón de euros que no soporta ningún tipo de comparación con el tamaño de los inconvenientes a los vecinos, el perjuicio a la economía local y el daño a la imagen de la ciudad. Estamos ante una negociación en la que las partes conocen perfectamente los intereses finales de los negociadores, pero que los ciudadanos sólo podemos intuir. Respecto del Ayuntamiento siempre hay que considerar sus reservas frente a las consecuencias políticas de un conflicto que podría llegar a descontrolarse y terminar alcanzando la Semana Santa. Los intereses tras la posición de los trabajadores son bastante más opacos, aunque entre los ciudadanos crece el convencimiento de una estrategia que persigue consolidar unos privilegios que difícilmente soportarían un análisis de legitimidad y mucho menos ético. Es lo habitual con las situaciones de privilegio que se desarrollan en el entorno del sector público, sobre todo cuando son el resultado de una larga tradición de conflictos de interés, en la que tradicionalmente una de las partes ha conseguido imponer sus exigencias sobre la endeblez negociadora de la otra, incluso a costa del interés general. En cualquier caso, conviene no perder de vista que las posiciones negociadoras aparentemente irreconciliables suelen presentarse disfrazada con el fin de cosechar apoyos e impedir al observador común el conocimiento de los intereses ocultos tras las estrategias de negociación.

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