El exalcalde de Casares Juan Sánchez (IU) y otras ocho personas, entre ellas el secretario municipal, tres concejales y un asesor urbanístico, se sentarán en el banquillo el 24 de octubre acusados de facilitar a una organización criminal de origen ruso el blanqueo de capitales a través de la promoción urbanística Majestic.

La Fiscalía Anticorrupción reclama 18 años y medio de cárcel para Juan Sánchez por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, cohecho y blanqueo de capitales.

La acusación afirma que la organización desembarcó en la Costa del Sol en los años 90, ocultando su actividad "tras un entramado societario que giraba en torno a la denominación genérica de Majestic". El principal responsable de la red sigue hoy día huido de la Justicia, no así su segundo que también está acusado en este procedimiento. Aprovechando el auge de la burbuja inmobiliaria, la organización, siempre de acuerdo con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, ejecutó entre 2000 y 2006 la urbanización Majestic, que requirió cinco modificaciones urbanísticas. Según el escrito de acusación del Ministerio Público uno de los acusados y el entonces alcalde, Juan Sánchez, pactaron tres convenios urbanísticos para acomodar los usos de los suelos a sus intereses. Los acuerdos se concretaron "con pleno conocimiento" de que perjudicaban al municipio, eludiendo en ocasiones de manera muy burda el procedimiento administrativo. En este sentido, explica que en un caso se aprobó un convenio "sin verificar datos elementales" y sin pedir informes municipales, mientras que en otros se aumentó el número de viviendas y se firmó aún antes de aprobarse en el Pleno. Además, los aprovechamientos urbanísticos que los promotores deben entregar para compensar los cambios en el régimen del suelo fueron "infravalorados" y adjudicados de forma directa, "con el consiguiente desvío a manos privadas de derechos patrimoniales públicos". El fiscal precisa que se desviaron fondos y se aumentó de forma "ilícita" el patrimonio de las sociedades a través de las que operaba el grupo promotor de Majestic.

El escrito de acusación indica que en septiembre de 2005 Juan Sánchez y tres de sus concejales, entre ellos la alcaldesa que le sucedió, aprobaron la licencia para edificar 115 viviendas "a pesar de tener conocimiento de todas las ilegalidades y de que las normas urbanísticas que amparaban dichas licencias no estaban vigentes". También indica que el asesor urbanístico emitió "de forma totalmente arbitraria" un informe que daba amparo de forma "artificiosa" a la concesión de las licencias, mientras que el entonces secretario municipal emitió un certificado "íntegramente mendaz".

La Fiscalía Anticorrupción indica que el alcalde aceptó sobornos entre 2004 y 2005 a cambio de estos favores urbanísticos. Agrega que la organización le entregó "diversas cantidades de dinero" que en conjunto sumaban no menos de 286.200 euros con el fin de "obtener un trato preferente en todas las actuaciones urbanísticas que proyectaron".

Juan Sánchez presuntamente trató de borrar el rastro de los cohechos a través de "sociedades interpuestas", según el fiscal, quien también apunta que compró boletos de lotería premiados para darle apariencia legal a 165.000 euros. Con posterioridad adquirió junto a su esposa dos locales comerciales al tiempo que realizaron ingresos en efectivo "no justificados" a nombre de empresas.

La operación Majestic arrancó en mayo de 2012 cuando agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional acudieron de forma simultánea al Ayuntamiento de Casares, al domicilio de su exalcalde y a la sede de Majestic. Se realizaron de forma simultánea los registros y seguidamente se bloquearon 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos, entre ellos el Mercedes C220 del alcalde.

En la actuación fueron detenidas en total ocho personas, si bien los agentes no consiguieron dar entonces con el paradero de Robert Mani, apoderado entonces de la promotora, ni con Robert Gaspar, administrador único.