Antonio Barrientos pasa sus primeros días de libertad en familia. Parece que intenta pasar desapercibido en Granada. La actitud de José Ignacio Crespo ha sido completamente distinta y el viernes se dejó ver sin pudor por la principal calle de Estepona. Repartió saludos y abrazos. Considerados el núcleo duro de la presunta trama de corrupción desarticulada en la operación Astapa junto a José Flores y Manuel Reina, salieron de prisión el pasado miércoles, casi seis meses después de su detención. Tanto Crespo como Reina, concejales del PES y ex giles, tendrán que regresar ahora al Ayuntamiento y aparentar que hacen algo con su acta de edil, que no han dejado. Engordarán aún más el banquillo de la oposición, ocupado ya por 16 concejales. En frente, el equipo de David Valadez, que apenas se sostiene con seis votos suyos y tres prestados. El laberinto de Estepona se lía cada vez más.

La siempre convulsa Estepona despertó la mañana del 17 de junio con la detención de Barrientos, en ese momento uno de los alcaldes más importantes del PSOE de Málaga, y de una veintena de concejales, técnicos municipales y empresarios por una presunta trama de corrupción que fue tachada por la Fiscalía como una nueva Malaya. Gota a gota, la juez Isabel Conejo, encargada de instruir Astapa, ha imputado hasta ahora a 63 personas, incluida una maraña de familiares. Y subiendo.

Con Barrientos cayeron los cuatro ediles del PSOE Francisco Zamorano, Marisa Rodríguez, Mariví López y Asunción López, que están en libertad bajo fianza y acusados de varios delitos. Fueron expulsados por su partido, pero se negaron a dejar el acta de concejal y se quedaron en la oposición, en el grupo de no adscritos. A este grupo llegó también el concejal Rafael Montesinos, que se dio de baja del PA tras ser imputado, y dos ediles del PES avergonzadas por la detención de sus compañeros Crespo y Reina. La última incorporación ha sido la de la edil socialista María Miralles, también expulsada esta semana de su partido y obcecada en no abandonar el Ayuntamiento.

Astapa ha dejado un auténtico galimatías en Estepona y no ha puesto las cosas nada fáciles al alcalde, David Valadez, elegido tras el ingreso en prisión de Barrientos. El PSOE, ahora con seis concejales, se apoya para gobernar en un edil de IU, otro del PA y la de Estepona 2007. En la oposición hay 16 escaños: cinco del PP, ocho del grupo de no adscritos y tres del PES, incluidos Reina y Crespo. Ante esta situación, los populares insisten en la disolución del Ayuntamiento, pero el PSOE no recoge el guante y se limita a invitarlos a gobernar.

Barrientos, médico alergólogo de profesión, renunció a su cargo y dejó su acta tras ingresar en la cárcel acusado de malversación, blanqueo, tráfico de influencias y cohecho, los mismos delitos que se imputan al que fue su jefe de gabinete y hombre de confianza, José Flores, también en libertad bajo fianza de 150.000 euros desde el miércoles. El tercer eslabón en la cadena de mando sería, presuntamente, el abogado Juan Simón, primo de Flores y considerado por los investigadores como el "intermediario" entre la cúpula municipal y los empresarios. Simón está acusado de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo y eludió la prisión tras abonar una fianza de 300.000 euros.

¿Qué irregularidades se cometieron en el Ayuntamiento de Estepona durante la era Barrientos? Desde la defensa del ex alcalde repiten insistentemente que desconocen las acusaciones contra el ex regidor -las actuaciones continúan siendo secretas-, aunque la juez parece tenerlo más claro. La investigación arranca el mandato anterior, cuando Barrientos se apoyó en el PES (los ex GIL) para gobernar. Para la instructora, el ex alcalde encabezaría una estructura tejida en torno al Ayuntamiento para "obtener fondos" de los promotores y empresarios con intereses en el municipio. Ese dinero se destinaría no sólo para financiar actos públicos y privados de los partidos, sino para enriquecimiento personal, según la juez.

Uno de los métodos utilizados para estos fines sería la "infravaloración" de los aprovechamientos urbanísticos para aumentar las plusvalías de los promotores. A cambio, "se les solicitaba el pago de dinero", afirma Conejo en el auto de prisión de Barrientos dictado en junio. Pero el suelo no era la única forma de financiación ilegal de la que está acusado el ex alcalde. La instructora también pone en tela de juicio su política de contratación de personal, guiada más por la "afinidad política" que por la legalidad, o la contratación pública de obras y servicios. Para la juez, familia y amigos eran los primeros.

En Astapa hay dos hermanos imputados que son primos de Barrientos; también la madre y uno de los hermanos del ex regidor están acusados, igual que la mujer de Crespo y la de Zamorano. Simón es primo hermano de Flores, calificado por muchos como un "militante de élite" del PSOE (ya ha sido expulsado) con poder para hacer y deshacer. Flores es trabajador del Ayuntamiento, adscrito al área de Cultura, y tras su puesta en libertad, podría reclamar su incorporación a su puesto de trabajo.

Lo primero que dijo Barrientos tras abandonar la prisión provincial fue que estaba "feliz" por su recién recuperada libertad. Luego citó al poeta catalán Salvador Espriu ("Los hombres no pueden ser si no son libres", dijo) antes de definir como un "calvario" todo lo que había pasado desde su detención. Proclamó su inocencia. "Tengo la tranquilidad de conciencia de haber actuado siempre en defensa de la legalidad y defendiendo de la mejor manera que he sabido y podido los intereses de Estepona".

El juez Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso Malaya contra la corrupción en Marbella, ahora destinado en un juzgado de Granada, alertó hace unas semanas en la capital malagueña durante una conferencia de ciertas prácticas ilícitas que pasan "desapercibidas" en las corporaciones locales, bien ayuntamientos o bien diputaciones. El magistrado dijo que la corrupción política no se limita a la concesión de una licencia ilegal, a la firma de un convenio que se salta la Ley o a una permuta de suelo irregular. A su juicio, hay "fenómenos de corrupción" más discretos, como un concurso o adjudicación de obras públicas, la contratación de personal o el patrocinio y financiación de actos públicos por parte de empresarios con intereses en la zona. Sus palabras recordaron a muchos lo que presuntamente ha pasado en Estepona.

En el caso Astapa hay 63 acusados y la cifra podría aumentar. "Aún no está cerrado, podría haber más empresarios imputados", apuntan fuentes cercanas al caso.