Puede parecer incongruente, pero la inmensa mayoría de trabajadores públicos acuden a la sanidad privada. Incluidos los médicos. Según los datos de las compañías aseguradoras, el 85% de los funcionarios malagueños eligen para su asistencia sanitaria una de las siete compañías a las que tienen opción. Sólo el 15% restante elige la Seguridad Social. Cada mes de enero unos 53.000 empleados públicos de Málaga pueden cambiar de compañía y sólo 8.000 acuden cuando enferman al Servicio Andaluz de Salud (SAS). El resto, 45.000, van a una clínica privada.

Los que pueden elegir dentro de la Mutua General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), son los funcionarios del Estado principalmente, pero también los docentes y los médicos. Igualmente los trabajadores de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, los jueces o el Ejército, con las mutuas especializadas denominadas Mugeju e Isfas.

Todos ellos pueden cambiarse de compañía aseguradora cada año en enero (el plazo está abierto desde el pasado 1 de enero y se cierra el próximo 31). Muface tiene un acuerdo con siete: Adeslas, Asisa, Caser, DKV Seguros, Igualatorio Médico Quirúrgico Colegial de Santander, Nueva Equitativa y Mapfre-Caja Salud. Pueden elegir cualquier de ellas o la Seguridad Social. Son las mismas que durante el pasado, ya que el Consejo de Ministros autorizó prorrogar el concierto fijado, que tiene un presupuesto de más de 900 millones de euros en toda España.

"Cada entidad aseguradora concertada ofrece, dentro de su catálogo de servicios, la posibilidad de optar entre los facultativos y centros asistenciales que figuran en el mismo", explican fuentes del Ministerio de Administración Pública. "Y lamentablemente pocos se pasan a lo público", explica Rosa Rodríguez, una de las responsables de la Federación de Administración Pública en Comisiones Obreras.

"Yo sé que tengo mejores médicos en la privada, pero sobre todo elijo una de las compañías que me ofrecen porque no hay tantas listas de espera. Todo va más rápido y es más personalizado", explica un maestro malagueño suscrito a Adeslas. Las continuas informaciones sobre las listas de espera en la provincia para algunas especialidades o la necesidad, incluso, de salir de la provincia para recibir diversos tratamientos, hace que la mayoría de empleados públicos se decidan por lo privado. "Es que los funcionarios también son ciudadanos como todos. Y saben perfectamente qué servicio se ofrece en cada uno de los ámbitos. No es difícil conocer las diferencias existentes", explica José Luis Requena, responsable de Adeslas en la provincia de Málaga.

De hecho, tradicionalmente muchos de los especialistas con gran reputación han estado ligados a las entidades privadas. Sin embargo, las quejas salariales parecen cambiar la tendencia. Los profesionales reciben en algunos por pasar consulta unos 5 euros (el Colegio de Médicos estima que el mínimo debería ser 30 euros) y según Comisiones Obreras sus sueldos sean hasta un 40% más bajos. Por ello, muchos prefieren ya quedarse, en el caso malagueño, en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) antes que ir a una clínica privada. Aunque también hay muchos médicos que prefieren dejar el SAS por la precariedad laboral y la excesiva temporalidad que impera allí.

Según los datos del Catálogo Nacional de Hospitales, en Málaga la sanidad privada tiene ya prácticamente el mismo número de camas en hospitales que la pública. De las 5.050 plazas que ha en toda la provincia, el 47% (2.345) pertenecen a clínicas privadas. Destacan el Centro Asistencial San Juan de Dios, Parque San Antonio, Clínica el Ángel, Sanatorio Doctor Gálvez, USP Hospital de Marbella, Hospital Doctor Pascual o la Clínica Santa Elena, entre otros. En total atienden a más de 165.000 abonados malagueños, liderando la clasificación Adeslas y Sanitas. Por su parte, los siete centros sanitarios públicos que hay en Málaga ofertan 2.705 camas, el 53 por ciento del total.