Los crecimientos urbanísticos desmesurados que vienen registrándose en los últimos años en la comarca de la Axarquía, especialmente sobre suelo rústico, ha hecho que en estos momentos los jueces y fiscales estén investigando más de 60 casos por presuntas irregularidades en esta zona de la provincia. Así lo puso de manifiesto ayer el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, al detallar los informes facilitados por la Administración autonómica a petición de los estamentos judiciales. De estas actuaciones, Cómpeta acumula 14 de las diligencias abiertas y Alcaucín, 6.

En este contexto, el responsable autonómico no descartó que producto de las acciones desarrolladas se puedan derivar intervenciones judiciales semejantes a la ocurrida la pasada semana en Alcaucín, operación Arcos, y supuso la detención de trece personas, de las que dos, el ex alcalde de la localidad José Manuel Martín y el jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación provincial, José Mora, ingresaron en prisión. "Es posible que de alguna de ellas se derive responsabilidades si así lo entienden los jueces. Es previsible que se produzcan citaciones a declarar", comentó.

De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno regional, entre los años 1997 y 2009 han sido tramitadas unas 1.400 denuncias urbanísticas en esta comarca, si bien, según apuntó Espadas, apenas 50 se corresponden con el pasado año y 4 con los primeros meses del actual ejercicio. Este hecho indica, a su juicio, que se está poniendo freno a los crecimientos desordenados.

Cuestionado sobre la labor de vigilancia de su departamento, ensalzó el papel de la Dirección General de Inspección, que, sin embargo, está integrada por apenas 25 operarios, a los que compete la tarea de controlar todo el territorio de la regidor, es decir, una superficie de 87.600 kilómetros cuadrados. De acuerdo con este parámetro, a cada técnico le toca una porción de terreno de 3.500 kilómetros. Estos trabajadores, a los que podrían sumarse once más, no están distribuidos por provincias, sino que se desplazan desde su asentamiento en Sevilla cuando se demanda su intervención.

Preguntado por la decisión de la Delegación de Obras Públicas de archivar en 2006 una denuncia contra una de las promociones ahora investigadas en el marco de la operación Arcos basándose en un informe del arquitecto de Diputación detenido, Espadas defendió la actuación de los técnicos y aseguró que el papel de la Junta no es actuar "como gendarmes" de los ayuntamientos.

En su exposición, abogó por dar "presunción de veracidad" a un documento que venía avalado por el ya ex alcalde y por el funcionario público. "Se archivó porque se entendió que sobre lo que se informaba era válido", insistió, aunque admitió la existencia de una "relación de desconfianza" con los responsables del Consistorio de Alcaucín, toda vez que la Junta ha impugnado en los últimos años hasta 27 acuerdos municipales. A pesar de ello, entendió que no puede deducirse "falta de celo" con respecto a la actuación de Obras Públicas.

"Estamos ante un ayuntamiento que aporta un certificado de un funcionario público que tiene una primera presunción de veracidad. No es un papelillo de alguien que ha hecho en la puerta; es un papel que hacen un funcionario y un alcalde y eso, como mínimo, en un estado de derecho, merece la presunción de veracidad", sentenció, al tiempo que agregó: "No cabe la capacidad adivinatoria de que estamos ante un informe falso". No obstante, aludió a la posibilidad de "pedir responsabilidades a ese funcionario" si se demostrase la falsedad del documento. En cuanto a la operación Arcos, estimó que estos hechos provocan "estupefacción" y "vergüenza" y reclamó que no se establezca "un juicio sumarísimo contra todos los responsables de las administraciones, entendiendo que estamos todos metidos en la misma bolsa".

Por su parte, el PP anunció que pedirá explicaciones en el Parlamento andaluz en relación a lo sucedido en Alcaucín, al entender que debía haber habido mayor control por parte de la Junta.