La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ha declarado ahora ilegal la licencia de obras de la urbanización Fuentealoha impugnada por la Junta de Andalucía hace siete años, que no sólo ha sido edificada y ocupada, sino que, además, se encuentra en vías de legalización.

El Ayuntamiento de Marbella autorizó en 2002, siendo alcalde Julián Muñoz, la construcción de las 76 viviendas de lujo de esta urbanización enclavada en la zona de Nueva Andalucía, a pesar de que excedía el volumen de edificación permitido. Este hecho motivó que la Junta de Andalucía recurriera el permiso y demandara al Ayuntamiento y a la promotora Fuentealoha.

No obstante, el Ayuntamiento de Marbella, una vez superado el gilismo y sus secuelas, se allanó, es decir, se mostró conforme con la impugnación formulada por la Junta, circunstancia que, según el criterio del tribunal, "trae aparejado el expreso reconocimiento de la ilegalidad de la licencia impugnada". En estas circunstancias la sala estima nulo el acto administrativo de concesión del permiso municipal "sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial en la que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento" por haber autorizado indebidamente unas obras.

Sin embargo, no parece que la sangre vaya a llegar al río, puesto que la urbanización Fuentealoha se encuentra en la actualidad en vías de legalización. La promoción forma parte del 90% de viviendas ilegales de Marbella que serán regularizadas en el futuro plan general de ordenación urbana (PGOU). Este documento, que se encuentra en este momento pendiente de aprobación definitiva, plantea compensaciones para la abrumadora mayoría de las edificaciones ilegales para incorporarlas a la legalidad urbanística del municipio. Se calcula que apenas quedarán sin regularizar medio millar de casas.

En este sentido, el letrado Antonio Belón, que defiende los intereses de Fuentealoha, precisó ayer tarde que la promotora ya compensó al Ayuntamiento por el exceso de edificación y el municipio aceptó las alegaciones al plan general de ordenación urbana planteadas por la empresa para que se incluyera entre las promociones a regularizar.

El abogado se quejó de la "alarma social" que desencadena el conocimiento público de una sentencia que tiene lugar cuando todo está en "vías de solución" y Fuentealoha "ya no tiene nada que ver con la urbanización. Todos los pisos fueron vendidos y sus actuales propietarios desconocían cualquier conflicto previo. Ahora lo que están es preocupados por la aparición de este tipo de noticias".

El retraso de esta resolución judicial es expresivo de la saturación y sobrecarga de asuntos que padece la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Málaga. Los nueve magistrados de plantilla soportan casi más de un 40% de procedimientos de los que el Consejo General del Poder Judicial considera recomendables y, de acuerdo con la memoria del alto tribunal andaluz correspondiente a 2008, a finales del año pasado arrastraba en torno a 10.000 asuntos pendientes en primera y segunda instancia.