La Fiscalía de Málaga ha remitido al Juzgado Decano de la capital la denuncia presentada por el ex alcalde de la localidad malagueña de Alozaina Francisco Guzmán (PSOE), tras detectar presuntas irregularidades en contrataciones por parte del Ayuntamiento, según informaron a Europa Press fuentes fiscales, quienes apuntaron que un juzgado se hará cargo de las investigaciones.

En el escrito presentado en abril se indicaba que las presuntas irregularidades consistirían en que desde el Consistorio se habrían hecho en 2008 contratos supuestamente fraudulentos a trabajadores eventuales del régimen especial agrario, según explicaron fuentes del caso, quienes precisaron que el Área de Personal, que entonces llevaba el actual alcalde, Antonio Pérez, era la que se encargaba de tramitar lo relacionado con obras y contrataciones.

Tras ponerse estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, este órgano abrió diligencias de investigación y solicitó determinados documentos al Ayuntamiento. Las fuentes fiscales señalaron que toda la información se ha remitido al juzgado para que siga la investigación, ya que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delito, posiblemente contra la administración pública por supuesto fraude.

El ex alcalde, que tuvo que dejar la Alcaldía tras presentarle una moción de censura su propio partido, inició un expediente informativo interno respecto a estos hechos, según indicaron fuentes del caso. Aseguraron que las conclusiones, junto con un informe jurídico, se pusieron en conocimiento de la Fiscalía para que se determinara si podrían los hechos ser constitutivos de delito.

El pleno del Ayuntamiento de Alozaina nombró el pasado día 6 de abril alcalde a Pérez, hasta ese momento teniente alcalde, en sustitución de Guzmán, después de que saliera adelante la moción de censura presentada por seis de los siete concejales que conforman el equipo de gobierno del PSOE. Tanto Guzmán como los cuatro concejales de IU votaron en contra de la moción.

En un comunicado, el actual alcalde quiso dejar claro, cuando se abrieron las diligencias en Fiscalía, que "la responsabilidad máxima y directa sobre personal, contrataciones y pagos de seguros sociales correspondía en el momento de los supuestos hechos denunciados al anterior alcalde, Francisco Guzmán". "Ningún concejal socialista tenía delegaciones ni estaba legitimado para realizar ninguna contratación directa o mediante algún tipo de programa", apuntó.

"Guzmán es responsable de todos los actos administrativos que se han llevado a cabo estos dos últimos años", indicaba Pérez en la nota, en la que aseguraba que "en ningún caso" él ha firmado documento alguno de contratación porque "no tenía las competencias delegadas o notificadas en materia laboral, que se reservan al alcalde en última instancia".